Paraguay ha tenido una historia de vigilancia estatal y privada durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). Sin embargo, el periodo democrático no está exento de prácticas similares o nuevas modalidades de intrusión abusiva en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
Este informe analiza la vigilancia y violaciones de los derechos fundamentales que perduran en este período democrático en el Paraguay, en otras modalidades incluyendo la vigilancia a través de internet. Además pone en evidencia la profundización de algunos procesos como endurecimientos de las penas, penalización de nuevas conductas, restricciones al derecho a la defensa, la no vigencia efectiva de las garantías judiciales, la intrusión masiva en la vida privada de las personas y el aumento del poder de los actores principales del sistema penal. Esto se enmarca en una tendencia mundial que se puede denominar “neopunitivismo” para paliar situaciones insostenibles. El neopunitivismo a su vez genera cambios normativos que vulneran normas y principios constitucionales y de derecho internacional de derechos humanos, penales y procesales penales.
Paraguay se expande tecnológicamente. Contamos con un 30% de la población que tiene alguna forma de conexión a internet. Pero los planes de expansión y conectividad de las empresas privadas no van de la mano con las políticas nacionales de telecomunicación; estas últimas tienen retrasos en regulaciones y aplicación de políticas sobre internet sin perspectiva de derechos humanos.
Por otro lado, existen regulaciones que fortalecen los derechos fundamentales en normas de jerarquía constitucional, ratificaciones de tratados internacionales y regulaciones administrativas sobre derechos humanos que cumplen un papel importante para las bases de un sistema democrático. Paraguay sin duda cumple con los estándares mínimos de defensa de los derechos fundamentales. Pero existen ausencias o fallas en el cumplimiento del debido proceso, notificaciones a las partes y comprensión de que las mismas limitaciones para la intromisión a la intimidad de las personas deberán ser tomadas cuando se trasladan a internet. Hoy, al igual que en la región, la ciudadanía corre un alto riesgo de que se violen sus derechos a la libertad de expresión en internet y la privacidad, debilitando así nuestro sistema democrático.
Este informe se ha elaborado como parte del proyecto Examinando los derechos y las libertades en internet en Latinoamérica de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). El proyecto está financiado por Open Society Institute (OSI) y APC y está coordinado por la ONG Derechos Digitales.