En el contexto actual de pandemia, aumentan las posibilidades de vigilancia masiva como parte de las medidas implementadas por los estados para hacer frente al coronavirus. Uno de los casos que APC sigue de cerca es la implementación del cobro electrónico del servicio de transporte público en Paraguay. El billetaje electrónico, según nuestra organización miembro TEDIC, que en 2019 presentó un litigio estratégico ante esta medida, plantea graves riesgos a la privacidad.
El sistema de tarjetas para transporte público tiene como finalidad la digitalización obligatoria del cobro del pasaje, a través de un sistema interoperable para mejorar la transparencia y los servicios públicos. Según el Gobierno paraguayo, el cambio busca la mejora de la transparencia y del propio servicio público.
Según TEDIC, ONG que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales por una cultura libre en internet, cualquier medida que se implemente en esta dirección debe garantizar la protección y salvaguarda de los datos personales de la ciudadanía, que serán almacenados por empresas privadas de transporte. Más si cabe teniendo que Paraguay es uno de los países que todavía no cuenta con una ley de protección de datos personales.
“Con el billete electrónico de transporte generaremos información sobre quiénes somos, dónde estamos, qué consumismos y qué hacemos en la ciudad. ¿Quiénes tienen acceso a nuestra información? ¿Por cuánto tiempo tienen almacenados nuestros datos?”, plantea Paloma Lara Castro, analista de políticas públicas de TEDIC.
Los peligros de la trazabilidad
El 24 de abril, la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (UCETRAMA) presentó una propuesta solicitando la obligatoriedad de la implementación del billetaje electrónico en la totalidad de los buses. Las razones ofrecidas son evitar el contagio mediante “billetes infectados" y obtener una trazabilidad de pasajeros que pudieran haber contraído el virus. Para ello, se plantea hacer un seguimiento a las personas que hayan dado positivo e identificar a pasajeros/as que hayan estado en contacto con ellas.
“Si antes de la pandemia el uso del billetaje electrónico era opcional (al menos durante el primer año de implementación), de aprobarse esta propuesta no existiría posibilidad de no utilizarlo”, señala Lara Castro, que alerta de los peligros de la trazabilidad, que podría servir como carta libre a aumentar los datos que se recaban. “Podrían recabarse datos sensibles correspondientes a la salud y quizás también los descensos del transporte, bajo argumento de protección. Incluso otras instituciones podrían tener acceso a esos datos”.
De momento la propuesta aún no ha sido tratada por el Gobierno, pero en el contexto actual, en el que bajo el marco de la lucha contra la pandemia se ha intensificado el uso de herramientas tecnológicas, han aumentando notablemente la posibilidades de la vigilancia masiva, una tendencia a la que el billetaje electrónico contribuiría.