Ecuador es un país con una de las más bajas penetraciones de internet de banda ancha en la región, un 2,7%, señala María Eugenia Hidalgo. Ello, manifiesta la investigadora, es legado de un fallido proceso de privatización de las telecomunicaciones y de la introducción de reformas legales posteriores que resultaron en el otorgamiento del sector más rentable de las telecomunicaciones (la telefonía celular), al sector privado transnacional. El marco aperturista se volvió constitucional en 1998 y eliminó el concepto de sectores estratégicos, incluyendo a las telecomunicaciones.
Hidalgo apunta que el surgimiento de las tecnologías inalámbricas, especialmente Wi-Fi, ofrece una alternativa para el acceso a internet en zonas no rentables para el mercado y sin infraestructura. Del mismo modo, resalta que la nueva Constitución y las reformas que el Gobierno está imprimiendo en el modelo de Estado, con una tendencia a llevar a la práctica los derechos a través de una fuerte presencia estatal en la provisión de servicios e infraestructura, configuran un ambiente favorable a la aplicación del concepto de acceso universal.
Hidalgo concluye que queda pendiente el establecimiento de soluciones normativas y regulatorias sólidas y de largo aliento que permitan el desarrollo y sostenimiento de las redes de interés social que contribuyan a solventar la brecha de banda ancha.