Plan estratégico

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INTRODUCCIÓN

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) es una red basada en membresía de organizaciones y activistas, fundada en 1990 con el objetivo de empoderar a personas, organizaciones y movimientos sociales en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), y así construir comunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo humano equitativo, la justicia social, los procesos políticos participativos y la sostenibilidad ambiental.

En las consultas realizadas para desarrollar el plan estratégico de APC para 2024-2027, los miembros, el equipo y los socios/as de APC observaron el rápido ritmo de los cambios que se están produciendo en el entorno post COVID-19, que ya es de por sí vulnerable. Preocupan especialmente los cambios geopolíticos globales, las guerras y conflictos regionales y la intensificación de la crisis climática, así como la rápida digitalización de las sociedades, que ya había generado un aumento de la vigilancia y la censura en línea y catalizado la propagación de la violencia facilitada por la tecnología. Se identificó una fragmentación en los esfuerzos de promoción en los ámbitos de inclusión digital y derechos digitales junto con un aumento en el número de los diversos actores que trabajan para causas a veces superpuestas.

En el plan estratégico anterior, nos dimos cuenta de la necesidad de reorientar la visión y la misión de APC a fin de aprovechar la capacidad de nuestros miembros, socios/as y aliados/as para contribuir a transformar los sistemas de opresión y desigualdad que se están perpetuando y profundizando por la forma en que se utilizan y gobiernan las tecnologías digitales.

También identificamos la necesidad de concentrar más el trabajo de APC con el fin de profundizar nuestro impacto. En el contexto actual, que puede describirse como una etapa de angustia e incertidumbre global, nos hemos comprometido a fortalecer la organización colectiva para construir un movimiento que garantice que internet y las tecnologías digitales promuevan o faciliten la justicia social, de género y ambiental para todas las personas.

Creemos que al fortalecer la organización colectiva en el contexto global actual, los actores de la sociedad civil podrán luchar contra el cierre de espacios políticos y cívicos, abogar por agendas de internet inclusivas basadas en principios de derechos humanos y desafiar las estructuras de poder emergentes, que dan lugar a represión y marginación.

PROCESO

Este plan estratégico es el resultado de un proceso de consulta que se basa en las lecciones y hallazgos de la evaluación a mitad de período de APC en 2022, así como en la evaluación de nuestra iniciativa de acceso local durante un período de cinco años.

El proceso comenzó con una serie de consultas con el personal de APC, la Junta Directiva y los miembros para recabar sus ideas sobre los cambios en el contexto externo, el estado actual del campo de la inclusión digital, la organización de los derechos digitales y en internet, y el nicho y papel de APC en este contexto. En respuesta a las ideas y temas clave que surgieron de estas consultas, realizamos una encuesta entre nuestros miembros y socios/as en inglés, español y francés y entrevistamos a diez “expertos/as” que conocen bien a APC y tienen una profunda comprensión del área. El propósito de la encuesta y las entrevistas fue explorar más a fondo algunas cuestiones relacionadas con el nicho y el papel de la organización, y cómo APC podría aumentar su impacto en los próximos cinco años. También llevamos a cabo un mapeo de actores clave en el área para informar mejor el proceso de identificación del nicho y el posicionamiento de APC. De este proceso surgieron una serie de hallazgos clave que luego dieron forma a la revisión de nuestra teoría del cambio, un proceso que llevamos a cabo dialogando con nuestro equipo.

Finalmente, a partir de la teoría del cambio desarrollamos este borrador del plan estratégico para someterlo a debate y conocer las opiniones del equipo de APC, la Junta Directiva y los miembros. El Consejo de APC aprobó el plan estratégico 2024-2027 mediante votación el 7 de diciembre de 2023.

TEORÍA DE CAMBIO

RESUMEN DEL CONTEXTO ACTUAL Y ESPERADO

Este Plan Estratégico se enmarca en un contexto de gran angustia global y una sensación generalizada de incertidumbre y cambio acelerado. Está marcado por una horrible intensificación de la violencia y una escalada de conflictos como en Palestina, Israel, Sudán, Etiopía y Myanmar, y una guerra prolongada en Ucrania. Es un contexto que se caracteriza por la rápida digitalización y datificación de las sociedades, con economías frágiles en el Sur global que aún intentan recuperarse de la pandemia de COVID-19. Está marcado por un resurgimiento del nacionalismo de derecha y el fundamentalismo en muchos países, junto con la legitimación de la misoginia y los discursos anti derechos, así como una la creciente precariedad de las personas racializadas y diversas.

Fracaso de la gobernanza global, agravamiento de las desigualdades

En 2020, en el momento álgido de la pandemia de COVID-19, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, pidió un “nuevo Contrato Social, entre los gobiernos, las personas, la sociedad civil y las empresas”. Su propósito era abordar las marcadas desigualdades globales evidenciadas por la pandemia, y ofrecer alguna forma de reparar las causas subyacentes de estas desigualdades, incluidas las injusticias históricas, “desde el colonialismo y el patriarcado hasta el racismo y la brecha digital”. También señaló la probabilidad de que tanto la digitalización como el cambio climático sean los que tengan el impacto más grave en un futuro sostenible, ya que ambos amenazan con ampliar aún más las desigualdades si no se abordan mediante una cooperación global concertada.

La pandemia magnificó múltiples desigualdades interseccionales, exponiendo las tendencias autoritarias de muchos Estados, así como las desigualdades globales y los privilegios hegemónicos en cuestiones como la distribución de vacunas. Como afirmó APC en su contribución al Informe del Sector Público Mundial 2023 de Naciones Unidas, “la pandemia de COVID-19 hizo más tangibles los desafíos estructurales establecidos y emergentes relacionados con la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia y destacó las tensiones en torno a la continuidad entre el ejercicio de los derechos humanos en línea y fuera de línea."

Estas tensiones se sintieron a través de un aumento de la vigilancia en línea por parte de Estados y corporaciones, violaciones de la privacidad y los derechos de los datos personales, amenazas a la libertad de expresión, incluida la censura de los medios, y una escalada de la violencia de género en línea.

En un contexto de rápida digitalización de los servicios y las economías mientras los gobiernos intentaban responder al virus, muchas personas, en su mayoría las ya excluidas, no pudieron trasladar sus actividades a lo digital. En este sentido, la pandemia mostró los crudos efectos de una mayor marginación de las comunidades que no estaban en línea, incluso en el acceso a servicios y ayudas gubernamentales cuando más se necesitaban.

En respuesta a las violaciones y amenazas de los derechos en línea, y una vez que se puso de manifiesto el impacto socioeconómico de la brecha digital, muchos actores de la sociedad civil del mundo entero hicieron un llamado a la solidaridad con las comunidades oprimidas y con las poblaciones colonizadas, a una mayor colaboración entre las organizaciones de derechos digitales, y a la creación de movimientos intersectoriales. El argumento fue que sólo a través de la fuerza colectiva de los actores que se basan en los derechos se puede lograr un cambio significativo. Según el llamado, es necesario que las organizaciones de derechos digitales se conecten de manera más significativa con las comunidades de base para garantizar una mayor participación de los grupos excluidos en los procesos de gobernanza y desarrollo de políticas de internet.

Pero en lugar de la cohesión y solidaridad necesarias para abordar las desigualdades globales en un entorno post-COVID fracturado, ha ocurrido lo contrario. En un período que ha sido descrito con precisión como sintomático de un “fracaso de la gobernanza global”, la geopolítica se ha polarizado más si cabe, particularmente en torno a guerras y conflictos regionales. A pesar de las advertencias cada vez más urgentes del Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC, por su sigla en inglés) sobre una catástrofe climática inminente, sigue existiendo una falta de atención crónica a la crisis climática. Los intentos de recuperación económica se han producido en el contexto de enfrentamientos agresivos entre superpotencias que compiten por la supremacía comercial, aprovechando la política nacional y las economías vulnerables como herramientas en su competencia por el dominio. La inseguridad alimentaria ha empeorado tras el inicio de la guerra en Ucrania y se han intensificado los abusos contra los derechos humanos, los desplazamientos y la migración forzosa. Se han agravado las violaciones de derechos, y la libertad de expresión y el derecho a la protesta se han reprimido en muchos países del mundo, mientras que la cohesión de la política nacional en los países se ha visto sacudida por las divisiones.

Como se afirma en una edición especial del Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023, publicado antes de la reciente intensificación de la violencia en Israel y Palestina, los “impactos de la crisis climática, la guerra en Ucrania, una economía global débil y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19” han repercutido negativamente en la consecución de los Objetivos. Se observa un aumento del hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo, desigualdades crecientes y un “cataclismo climático” inminente que no se puede detener con el ritmo actual de acción climática. Se prevé un aumento de la pobreza global, la inseguridad de los medios de vida y la incertidumbre sobre el hogar a raíz de las migraciones masivas forzosas y un mayor desplazamiento de poblaciones. Todas estas fracturas y divisiones afectan de diversas maneras a las personas y comunidades de todo el mundo y limitan la posibilidad de cooperación y solidaridad global para abordar los problemas apremiantes de esta época. En este contexto global dividido y angustioso, varias cuestiones clave son importantes para el trabajo de APC.

Aumento de las violaciones contra los derechos humanos en todo el mundo

La creciente fuerza de las políticas reaccionarias y populistas, así como el autoritarismo, está generando un aumento de las violaciones de derechos humanos y un estrechamiento del espacio cívico en muchos países del mundo. En el Sur global se encarcela a activistas, se persigue y vigila a periodistas, son frecuentes los procesamientos y el acoso por expresare en línea y se ha aprobado nueva legislación para dificultar el funcionamiento de las ONG. Las minorías suelen ser las más afectadas por estas violaciones, tanto en línea como fuera de línea. En Uganda se ha aprobado una legislación draconiana contra las personas homosexuales que los amenaza con la pena de muerte, mientras que en otros países se han intensificado los ataques en línea contra mujeres y personas de género diverso.

Mientras tanto, gracias a la complicidad del Estado con las grandes empresas, la comunidad de activistas por el medio ambiente y la tierra que trabajan a nivel de las comunidades de base en muchas regiones del Sur global son sistemáticamente vulnerables y están expuestas incluso a amenazas de asesinato.

La rápida digitalización de las sociedades ha contribuido a este giro hacia la derecha, ya que las plataformas de las redes sociales facilitan tanto la polarización, mediante la desinformación y la propaganda, como la censura, mediante la eliminación de contenidos. Las corporaciones tecnológicas también son cómplices de muchos abusos contra los derechos humanos al proporcionar tecnologías de seguridad, monitoreo y vigilancia a Estados que se vuelven contra sus ciudadanos. 

Muchos gobiernos utilizan plataformas del sector privado para prestar servicios públicos y existen pocos mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a la privacidad, el uso de datos y algoritmos, o en relación a la naturaleza de los acuerdos alcanzados con las plataformas. Esto ha alineado las necesidades de mercado del sector privado con el deseo de los Estados de controlar y gestionar a su ciudadanía y sus pueblos, tendencia que ya era evidente en el plan estratégico anterior. El potencial de las nuevas tecnologías que utilizan inteligencia artificial para intensificar el desorden de la información, debilitar la confianza pública y manipular al electorado durante las elecciones fortalece esta complicidad y plantea amenazas muy reales a la estabilidad democrática en países de todo el mundo.

Una nueva brecha digital

Tampoco es probable que la inestabilidad global que se está experimentando (particularmente con respecto a las economías en crisis, las presiones ejercidas sobre los medios de subsistencia y el cambio climático) se pueda mitigar fácilmente intensificando el ritmo de la digitalización y la informatización de las economías, como algunos podrían esperar. En cambio, como demostró la COVID-19, la digitalización provocó una mayor marginación de las comunidades desconectadas y en muchos países del mundo no ayudó a conectar a más personas. Las investigaciones también sugieren que está apareciendo una nueva brecha digital que no se puede cerrar sólo intensificando los planes de despliegue de infraestructura. Para participar adecuadamente en la economía de los datos y su potencial de innovación y desarrollo, habrá una mayor necesidad de conexiones a internet dedicadas y asequibles, así como de un acceso significativo a internet.

Sin esto, es probable que se queden atrás no sólo las personas que no están conectadas, sino también aquéllas que “apenas están en línea” por múltiples factores entre los cuales se incluye el alto costo de los datos y de los dispositivos, lo que genera un aumento de las desigualdades globales y nuevas formas de marginación. La participación en la economía digital requerirá mejoras amplias y significativas en áreas como la educación, la alfabetización y las competencias técnicas, además de medidas urgentes para reducir el costo del acceso, algo que los gobiernos y reguladores de muchos países del Sur global no han hecho hasta ahora.

Creciente alienación y costo ambiental

No se ha tenido debidamente en cuenta el costo personal y ambiental de la digitalización que incide en todos los aspectos de la sociedad y la vida de las personas. Esto incluye la alienación digital producto de la datificación y mercantilización de la vida y las interacciones personales, y la alienación del medioambiente generada por el despliegue y el uso generalizado de tecnologías. 

Para su producción, estas tecnologías dependen de la extracción de materias primas, del desplazamiento de pueblos y la adquisición de tierras en el Sur global, así como de prácticas laborales de explotación que involucran mano de obra mal remunerada. Su uso da como resultado una contribución cada vez mayor del sector tecnológico a la catástrofe climática a través de emisiones de gases de efecto invernadero y el estrés ambiental causado por el vertido de desechos electrónicos en países de Asia o África, sobre todo en comunidades locales empobrecidas. 

Es probable que el costo ambiental, el desplazamiento de pueblos, las violaciones de derechos humanos y laborales y el racismo ambiental que acompañan a la producción, el uso y la eliminación de tecnología aumenten radicalmente en el medio y largo plazo.

Los intereses arraigados de las grandes corporaciones tecnológicas y la lucha por regularlas

La compleja alianza entre los intereses de los Estados y el sector tecnológico corporativo apuntala los múltiples desafíos normativos y regulatorios interrelacionados que presenta el cambiante contexto digital. Si bien Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, han tomado medidas para regular y gravar a las grandes empresas y plataformas tecnológicas, el papel estructural que desempeñan estas en múltiples espacios y áreas de prestación de servicios a los Estados y la dependencia del sector tecnológico corporativo que tienen los mercados, incluso las economías nacionales, sugieren que probablemente el impacto de esta regulación sea limitado a la hora de frenar su influencia y poder. Las grandes plataformas tecnológicas nacionales con presencia global también han demostrado ser útiles respecto a la censura y el control de la información para los Estados que se encuentran en contextos de conflicto armado. En estos aspectos, los reguladores se encuentran efectivamente en una posición comprometida.

En el Sur global, los gobiernos han hecho algunos intentos de crear políticas y marcos regulatorios propicios para la nueva era de digitalización y datificación. Por ejemplo, la Unión Africana ha publicado un nuevo marco de políticas de datos para tratar de armonizar regulaciones nacionales dispares con el objetivo de que los países africanos puedan beneficiarse mejor de la economía de datos y explorar métodos para gravar las plataformas que no tienen presencia legal en sus jurisdicciones. También hay intentos de revitalizar los fondos de acceso universal y el apoyo a iniciativas de conectividad centradas en la comunidad en varios países, entre otras cosas gracias al trabajo de APC. Sin embargo, muchos países del Sur global carecen de la capacidad para participar e influir adecuadamente en los foros de gobernanza global y la creación de agendas. Esta vulnerabilidad implica que están, en gran medida, sujetos a las agendas regulatorias y políticas establecidas por las economías desarrolladas y los actores corporativos más poderosos.

Los intereses de las poderosas corporaciones tecnológicas, así como de los Estados, en lo que se denomina "conectividad universal y significativa", también conllevan nuevos riesgos que podrían socavar los esfuerzos de trabajar con las comunidades para desarrollar soluciones de acceso local basadas en los principios de la autodeterminación de la red. Entre ellos se incluyen empresas de conectividad satelital de actores del sector privado que ya ocupan una posición dominante en la industria tecnológica, como Starlink y Amazon. Mientras tanto, han surgido nuevas preguntas sobre los compromisos de las plataformas de los gigantes tecnológicos en materia de derechos humanos, incluyendo la pérdida de avances en la defensa de los derechos en Twitter/X al disolver su Trust and Safety Council (Consejo de Confianza y Seguridad), las preocupaciones constantes sobre los derechos laborales y la vinculación de Amazon con el tráfico de trabajadores/as en Arabia Saudí. 

Reducción de los espacios donde la sociedad civil pueda ser escuchada

Hay una reducción gradual de los intereses de la sociedad civil en los espacios políticos. Síntoma de ello es lo que parece ser un debilitamiento del compromiso con una gobernanza inclusiva y de múltiples partes interesadas, sobre todo a través de los intentos de dejar de lado al Foro de gobernanza de internet (FGI) en el proceso de forjar un Pacto Digital Global (GDC). Esta desestabilización institucional del FGI ha ido de la mano de un aparente favorecimiento de las negociaciones intergubernamentales en el proceso del Pacto, la Cumbre del Futuro, así como otros procesos relacionados con las Naciones Unidas, en lugar de un reconocimiento de la necesidad de una agenda política inclusiva y multilateral de las múltiples partes interesadas sobre nuestro futuro digital. 

Para la sociedad civil, cada vez resulta más difícil acceder a foros multisectoriales e incidir sobre los resultados. Cada vez hay más obstáculos para que la sociedad civil ponga en práctica un enfoque de múltiples partes interesadas, y también intentos evidentes de debilitar los pocos procesos multisectoriales activos que existen. Ejemplo de esto es el recientemente creado Consejo Asesor de Expertos en Inteligencia Artificial de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial, que ha sido criticado por tener “más representantes de empresas [en el consejo] que de organizaciones que defienden los derechos humanos”. También se está dando una legitimización de grupos anti-derechos en estos foros, y algunos solicitaron reconocimiento en diferentes organismos de la ONU en lo que parece ser un intento de apropiarse y perturbar los espacios progresistas de la sociedad civil.

Si bien hay algunos esfuerzos para reactivar procesos como la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y revitalizar las debilitadas metas de los ODS, otras iniciativas políticas importantes, como NETmundial, permanecen en gran medida inactivas. Estas se ignoran junto con los logros del IGF como espacio colaborativo para el coaprendizaje, el diálogo y el debate, con evidencia de claros impactos políticos en países de todo el mundo. 

Se han visto pocos intentos de reinterpretar los principios y la visión de la CMSI para garantizar que las lecciones aprendidas durante años de cooperación de múltiples partes interesadas se reflejen en procesos futuros de política y gobernanza de internet y cooperación digital global como un conjunto de parámetros para salvaguardar el modelo de múltiples partes interesadas, la transparencia, la inclusión, el diálogo y la responsabilidad. Más bien, existe la sensación de que estas lecciones se están dejando de lado en un esfuerzo por reconfigurar la agenda política para el nuevo contrato social previsto que dará forma al futuro digital.

La celebración de eventos como el FGI en países donde el acceso de las organizaciones está restringido, es difícil o inviable – entre ellos Japón, donde a los actores de la sociedad civil se les negaron visas, y la propuesta de albergar el próximo FGI en Arabia Saudí – también debilita la capacidad de los foros para crear interacciones sólidas desde diversas perspectivas. Si bien las negociaciones sobre la forma y el contenido del GDC comenzarán pronto, no se han establecido mecanismos para la participación efectiva de la sociedad civil. Las repetidas afirmaciones de los actores que lideran el proceso de que se trata de un proceso de múltiples partes interesadas han quedado en poco más que gestos simbólicos.

Fragmentación de los procesos de formulación de políticas y división de las agendas de la sociedad civil

Fuera de los foros como el FGI, los espacios de formulación de políticas y establecimiento de agendas en internet se han fragmentado, de modo que coexisten múltiples iniciativas y procesos de creación de políticas. Esto hace que para las organizaciones sea difícil seguir el ritmo de los acontecimientos, desarrollar el conocimiento requerido para participar con solidez en cada espacio y lograr el cambio necesario. La participación se ve aún más limitada por la represión que se aplica a la sociedad civil en muchos países. Esta limita su capacidad de participación mediante nuevas regulaciones sectoriales que sofocan el flujo de financiación de los donantes, nuevas leyes fiscales y limitaciones impuestas a la transferencia de financiación para actividades, y obstáculos para viajar mediante procesos de visado que niegan cada vez más la libertad de movimiento de los actores en el Sur global.

Quizás como respuesta a esta fragmentación y a las diversas áreas de incidencia en las que resulta necesario actuar, las organizaciones de la sociedad civil elaboran agendas que a veces se superponen y compiten entre sí sin alinearse con campañas y objetivos de incidencia a menudo similares.

A pesar de la hiperespecialización de algunas organizaciones que responden a necesidades técnicas específicas en la defensa de políticas y regulaciones, solo se producen momentos de aprendizaje entre organizaciones. También hay muchos actores nuevos en los espacios de gobernanza en los que participamos y hay muy poca coordinación entre las organizaciones más nuevas y las más establecidas como para poder compartir y transmitir las experiencias institucionales. Como resultado, los y las activistas parten de una base muy frágil para exigir cambios.

Todas estas situaciones, que no pueden resolverse en el corto y medio plazo, han socavado las perspectivas de la necesaria recuperación económica y estabilidad mundial post-pandemia. Además, han erosionado los derechos y han reducido el potencial de cooperación en torno a cuestiones de interés compartido, incluido el cambio climático, un futuro digital común y los ODS.

SUPUESTOS Y CREENCIAS POLÍTICAS

En las condiciones descritas anteriormente, se necesitan nuevos esfuerzos de organización para reunir a los actores que abogan por la inclusión digital, la gobernanza democrática de las tecnologías digitales y los derechos digitales y en internet, y para vincular sus preocupaciones con las agendas de otros movimientos sociales. La construcción colaborativa de conocimiento y el intercambio de experiencias son necesarios para construir una base de evidencia generar contra-narrativas coherentes que, a su vez, son necesarias para la eficacia del activismo político y en defensa de los derechos, así como para influir en las agendas. 

La organización colectiva es necesaria para influir de manera más efectiva en los procesos institucionales y contrarrestar las violaciones de derechos interseccionales en países de todo el mundo. Para comenzar a compensar las crecientes desigualdades globales, se requiere la participación sólida de las comunidades locales en esta organización, en particular las más excluidas y con menos oportunidades digitales, las más afectadas por el deterioro de los derechos y la reducción del espacio civil, y también las más vulnerables al cambio climático y a la destrucción y las injusticias ambientales.

Es necesario realizar un gran esfuerzo para contrarrestar el racismo ambiental En todo el Sur global, así como las amenazas a la comunidad de defensores/as del medio ambiente y la tierra que se oponen a los planes estatales y a los intereses de las grandes empresas. En un contexto en el que los derechos de las personas de género diverso y de las mujeres se ven nuevamente amenazados en muchos países del mundo, tanto en línea como fuera de línea, también es necesario fortalecer la resiliencia digital de los actores de la justicia de género, del feminismo y de los derechos humanos de las mujeres. Para ello es necesario construir redes de apoyo que sirvan como recursos colectivos y personales para el trabajo de incidencia que se está realizando. Como hemos comprobado en nuestro trabajo con redes de conectividad centradas en la comunidad, así como en el trabajo con grupos feministas de todo el mundo, solo a través de un enfoque integral para construir resistencia digital se puede lograr un cambio sostenible.

Creemos que fortalecer la organización colectiva hacia la construcción de un movimiento transformador para avanzar en la inclusión digital y los derechos digitales y de internet es la mejor opción para que internet sirva para fortalecer el desarrollo social, político, cultural, económico y humano, y permita la realización de los derechos humanos. Esto se debe a que un cambio sistémico a largo plazo de este tipo requiere la construcción de un poder colectivo, es decir, que las personas hablen no solo como individuos o a través de organizaciones particulares, sino con una voz poderosa y colectiva. Si bien los movimientos suelen ser la forma más eficaz de que las comunidades y grupos marginados se vuelvan visibles y se hagan escuchar, también pueden crear un cambio sostenido en niveles que la política y la legislación por sí solas no logran, porque generan una exigencia de cambio y además obligan a los actores poderosos a hacerse responsables. El poder colectivo también desafía el status quo y la hegemonía de las narrativas y perspectivas gubernamentales y corporativas.

Entendemos por movimiento "un conjunto organizado de constituyentes que persiguen una agenda política común de cambio a través de la acción colectiva", que se distingue por varias características. Sus participantes son individuos que están movilizados y colectivizados de manera formal o informal. Tiene un programa político claro, así como acciones y actividades colectivas construidas en torno a la búsqueda de los objetivos políticos del movimiento mediante diversas estrategias. También tiene claros objetivos internos o externos de cambio.

Creemos que en la era digital, la construcción de movimientos ha sido transformada por internet y las tecnologías digitales. El activismo y la organización colectiva funcionan perfectamente tanto en línea como fuera de línea. Hemos aprendido de nuestro trabajo para una internet feminista y para la construcción de movimientos que estos son más fuertes cuando la energía y la apropiación provienen de una multitud de espacios y actores. 

Reconocemos que las organizaciones y colectivos son a menudo los lugares desde los cuales se construyen, apoyan, atienden y gobiernan los movimientos. También son las estructuras primarias en las que, o a través de las cuales, tanto líderes como activistas y miembros del movimiento se organizan, se forman, se protegen y se preparan para llevar a cabo la agenda transformadora de los movimientos. También creemos que las redes, y en particular las "redes de movimientos", tienen un papel importante en el fortalecimiento de la organización y la acción colectivas, porque establecen la conexión entre actores y recursos para crear un mayor impacto del que una persona u organización puede lograr por sí sola.

APC está particularmente bien posicionada para desempeñar un papel clave en el fortalecimiento de la organización colectiva hacia la construcción de un movimiento transformador a fin de avanzar en la inclusión digital y los derechos digitales y en internet. Tenemos credibilidad y legitimidad debido a nuestras contribuciones de larga data a la inclusión digital y los derechos digitales y en internet, y también por nuestra constante participación en la configuración y la ampliación de los procesos regionales y globales de gobernanza de internet en los últimos 25 años.

Tenemos una membresía diversa arraigada en el Sur global, que, junto con nuestros proyectos y programas, ha cumplido una función importante y constante a la hora de hacer oír las voces y las perspectivas de las comunidades marginadas en asuntos y procesos de inclusión digital y derechos digitales y en internet. También contamos con una sólida experiencia trabajando en las intersecciones de múltiples movimientos sociales y como convocantes, estableciendo contactos entre activistas y tendiendo puentes entre regiones, temas y agendas, además de vincular lo local con lo global.

Dado que la membresía de APC es un microcosmos de la organización más amplia en torno a la inclusión digital y los derechos digitales y en internet, podemos desempeñar con más eficacia este rol fomentando la construcción de movimientos a través y con nuestra red de personal, asociados/as, miembros y socios/as, en colaboración con aliados que forman parte del campo más amplio de la inclusión digital y los derechos digitales y en internet. Y como se muestra en nuestro trabajo por una internet feminista y fomentando la construcción de movimientos, con el tiempo la red se vuelve más autosuficiente, con una fuerte apropiación compartida de agendas comunes y liderazgo colectivo a fin de cumplir con sus prioridades.

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN

Nuestra visión es que todas las personas, especialmente las marginadas, utilicen y diseñen internet y las tecnologías digitales para crear un mundo justo y sostenible.

Nuestra misión es fortalecer la organización colectiva para construir un movimiento transformador que garantice que internet y las tecnologías digitales hacen posible la justicia social, de género y ambiental para todas las personas.

ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y MOVIMIENTOS

El propósito de nuestras estrategias de construcción de redes y movimientos es lograr que se cumpla la misión de APC. Dichas estrategias apoyan y fortalecen la organización colectiva entre y dentro de la red de miembros, personas asociadas, socios/as y alianzas con activistas y organizaciones que luchan por los derechos humanos y digitales, los derechos feministas y de justicia ambiental. Lo hacemos del siguiente modo:

• Llevamos a cabo nuevas investigaciones y profundizamos en el uso de investigaciones existentes para construir conocimiento y crear contranarrativas sobre problemas y tendencias nuevos y emergentes que afectan al contexto en el que trabajamos.
• Convocamos y conectamos a diversos actores y grupos dentro de la red para construir y fortalecer conexiones y agendas comunes dentro de la diversidad de temas y regiones.
• Fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional dentro de la red para mejorar la capacidad de actuar colectivamente en agendas comunes.
• Activismo y movilización políticos dentro de la red para amplificar las voces de las comunidades marginadas, ejercer presión sobre las partes interesadas y abogar por cambios en las normas, políticas, estándares y prácticas, especialmente aquellas relacionadas con la gobernanza de internet y las tecnologías digitales.
• Concesión de subsidios y fondos a la red para financiar su trabajo, fortalecer las relaciones dentro de la red y prestar apoyo a la participación en la creación y actuación colectiva en agendas compartidas.
• Comunicaciones estratégicas para amplificar las voces y perspectivas de la red.

RESULTADOS A LARGO PLAZO

Para 2027, nos comprometemos a construir una red de miembros, personas asociadas y activistas y organizaciones aliadas que luchan por los derechos humanos y digitales, los derechos feministas y de justicia ambiental que:

• Construye y fortalece agendas comunes en torno a temas, movimientos y localizaciones geográficas para promover la inclusión digital, los derechos digitales y de internet, una internet feminista y políticas y prácticas digitales ambientalmente justas.
• Amplifica nuestras voces y perspectivas para situar los derechos humanos y la justicia medioambiental y de género en el centro de los discursos sobre inclusión digital y derechos digitales y para contrarrestar los discursos contrarios a los derechos.
• Actúa colectivamente para dar forma a normas, políticas, estándares y procesos digitales que sean democráticos y respetuosos con los derechos para garantizar que internet y las tecnologías digitales se gobiernen como un bien público global.
• Aumenta nuestra capacidad colectiva para la seguridad y el cuidado integral y la resiliencia digital.

Para que APC pueda facilitar y apoyar las contribuciones de la red a estos cuatro resultados a largo plazo, nos comprometemos a asegurar que:

• APC tenga una visión y un propósito compartidos, y disponga de la capacidad, los conocimientos y los recursos financieros necesarios para cumplir con su misión en un entorno de trabajo en el que todos los miembros y el personal puedan aprender, crecer y prosperar.

RESULTADOS INMEDIATOS

Los cambios más inmediatos a los que contribuiremos durante 2024-2027 o las "condiciones previas" para lograr los resultados a largo plazo se describen a continuación.

Resultado 1: Se construyen y fortalecen agendas comunes en torno a los distintos temas, movimientos y áreas geográficas para promover la inclusión digital, los derechos digitales y en internet, una internet feminista y políticas y prácticas ambientalmente justas.

Fundamento

Internet y las tecnologías digitales propician los derechos humanos, la justicia social, de género y ambiental, y el desarrollo. Sin embargo, este potencial está siendo socavado por el acelerado y descontrolado ritmo de la digitalización y la datificación de las economías y sociedades, lo que incluye también el impacto que esto tiene en el medio ambiente. Las violaciones de derechos en línea se han multiplicado, el poder de los Estados para vigilar y controlar se ha fortalecido, y el sector tecnológico está en una posición cada vez más ventajosa para influir y controlar las deliberaciones políticas y resistir al cambio. Al mismo tiempo, las comunidades no conectadas y marginadas se exponen a una mayor marginación por carecer de un acceso significativo a internet que habilite su participación socioeconómica y política.

En un panorama geopolítico cada vez más polarizado, disminuyen las perspectivas de lograr objetivos y metas compartidas como los ODS y la acción por el clima. La sociedad civil también enfrenta nuevas formas de opresión con el surgimiento de Estados autoritarios y un fortalecimiento de políticas reaccionarias. Las comunidades feministas y LGBTQIA+ se enfrentan a amenazas específicas y los ataques contra defensores/as del medio ambiente y la tierra van en aumento, a medida que crece la presión por los recursos de la Tierra en los países del Sur global. Esto hace que el activismo basado en los derechos y a favor de la justicia ambiental sea difícil en muchos países. Mientras tanto, la organización de la sociedad civil para la inclusión digital y los derechos digitales y en internet está fragmentada y se caracteriza por un gran número de nuevos actores, hiperespecialización, causas diversas y superpuestas, y una sensación cada vez mayor de compartimentalización de muchos de los esfuerzos de militancia.

En este contexto, es necesario fortalecer la organización colectiva para construir un movimiento fuerte que promueva la inclusión digital, los derechos digitales y en internet, y una internet feminista. Esto debe hacerse a través de los movimientos para apoyar a todos los actores que luchan por la justicia social y sufren daños y peligros digitales, con el foco puesto en los movimientos feministas y de justicia ambiental. Las diferencias regionales en cuanto a las experiencias de daños y peligros digitales también hacen que sea importante trabajar y aprender entre las regiones para profundizar el impacto de nuestras actividades de incidencia. Las voces de las personas y grupos más excluidos y discriminados, incluidas las comunidades de bajos ingresos, las mujeres y las personas de género diverso, las comunidades locales más directamente afectadas por el cambio climático y los pueblos indígenas que se enfrentan a la destrucción ambiental, deben fortalecerse en la formulación de políticas regionales y globales y en los foros de derechos humanos.

Resultados inmediatos

• Los miembros y socios/as de APC fortalecen las agendas de conectividad centradas en la comunidad mediante la sensibilización y la provisión de apoyo efectivo, capacitación y herramientas a las comunidades que necesitan una conectividad viable y centrada en la comunidad, habilitándolas a utilizar servicios locales y tecnologías digitales para satisfacer las necesidades expresadas por la comunidad.
• Los miembros y socios/as de APC fortalecen sus conexiones, exploran preocupaciones compartidas y crean y fortalecen agendas comunes para promover los derechos digitales, una internet feminista y políticas y prácticas digitales ambientalmente justas.

Resultado 2: Voces y perspectivas amplificadas posicionan los derechos humanos y la justicia de género y ambiental en el centro de los discursos sobre inclusión y derechos digitales y contrarrestan los discursos anti-derechos.

Fundamento

Se están produciendo nuevas formas de violación de los derechos en todo el mundo, tanto debido al auge del autoritarismo como por el hecho de que las grandes empresas tecnológicas inciden cada vez más en muchos de nuestros derechos humanos en línea. Los discursos anti-derechos han proliferado en internet y eso actúa en detrimento de los logros obtenidos en el área de los derechos en los últimos años. Tales discursos incluyen el resurgimiento de discriminaciones contra las mujeres y la comunidad LGBTQIA+ y el silenciamiento, a veces violento, de mujeres y personas de género diverso. Al mismo tiempo, los poderosos intereses de las industrias extractivas frenan la acción climática y utilizan eficazmente la desinformación para influir en la formulación de políticas y la opinión pública. Otra forma de silenciamiento es la ausencia de un análisis adecuado de las graves repercusiones ambientales de las tecnologías digitales, incluyendo las que tienen en las comunidades locales más afectadas por la extracción de los minerales utilizados para producirlas.

El discurso delimita lo que se discute y se habla, y establece los límites a los que responde la política, así como el lenguaje utilizado en ese ámbito. Esto tiene repercusiones importantes en lo que se hace y la manera en que se hace. Si se cuestionan los discursos anti-derechos, o se reformulan los discursos que no tienen en cuenta algunos derechos específicos y preocupaciones ambientales, las voces marginadas y los problemas fundamentales para la justicia social, de género y ambiental pueden comenzar a recibir la atención adecuada por parte de las personas responsables de formular políticas y legislaciones, así como, en última instancia, del sector privado.

Las violaciones de derechos y los impactos de la tecnología en el medio ambiente, ya sea debido a la minería extractiva, el alojamiento de granjas de servidores o el vertido de desechos electrónicos, se experimentan de diferentes maneras en los países del Sur global, al igual que el rápido ritmo de digitalización y datificación de las sociedades. Es necesario construir conocimientos y aprender colectivamente para comprender los matices y, a la vez, hay que incorporar tanto los discursos feministas como los de justicia ambiental en las deliberaciones sobre derechos digitales para reforzar su articulación en los procesos políticos y de incidencia. Es preciso amplificar la voz colectiva de los actores de la sociedad civil para contrarrestar la creciente influencia de las narrativas contrarias a los derechos.

Resultados inmediatos

• Los miembros y socios/as de APC tienen una mayor capacidad para contrarrestar la desinformación.
• Los miembros y socios/as de APC crean, refuerzan y comparten colectivamente conocimientos para influir en el discurso político.
• APC y sus socios/as crean conjuntamente alternativas y contranarrativas centradas en la inclusión digital y los derechos digitales y en internet y sus intersecciones con problemas de justicia ambiental.
• Las voces feministas interseccionales de los miembros y socios/as de APC del Sur global contribuyen a centrar las perspectivas feministas en los discursos sobre tecnología, con el objetivo de realizar una internet feminista.

Resultado 3: La acción colectiva genera normas, políticas, estándares y procesos digitales democráticos y respetuosos de los derechos para garantizar que internet y las tecnologías digitales sean gobernadas como bien público global.

Fundamento

La compartimentación y fragmentación del trabajo con derechos digitales e internet en diferentes regiones y temas está agravando la dificultad de responder a un contexto rápidamente cambiante e incierto. Los espacios multilaterales para influir en las agendas están a su vez fragmentados y a la sociedad civil cada vez le resulta más difícil tener acceso e influir en tales espacios, dominados por poderosos intereses corporativos y gobiernos. Muchas organizaciones de la sociedad civil también carecen de la capacidad y los conocimientos necesarios para responder con solidez en los múltiples foros de política y gobernanza que existen, a menudo sobre temas especializados. El resultado es que las voces y perspectivas de la sociedad civil y los grupos más marginados están siendo dejadas de lado en la práctica en los debates y foros políticos mundiales, donde parece haber un compromiso menguante con las deliberaciones multilaterales e inclusivas.

Es necesario apoyar a los actores de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno en sus esfuerzos por defender políticas y procesos de gobernanza de internet centrados en las personas, incluso aprovechando las capacidades y conocimientos de la red. La acción colectiva basada en experiencias locales y nacionales es necesaria para influir en los procesos relacionados con la gobernanza de internet y otras tecnologías digitales, y para lograr cambios políticos a nivel regional y mundial.

Frente al peligro de que se acentúen las desigualdades a escala global y se margine aún más a las comunidades de bajos ingresos y remotas, la participación de estas comunidades en las deliberaciones sobre la gobernanza de internet y otras tecnologías digitales es más necesaria que nunca. Es fundamental apoyar el esfuerzo de los actores de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno en defensa de políticas y procesos de gobernanza de internet centrados en las personas y para ello se pueden aprovecharlas capacidades y los conocimientos de la red. Se necesita una acción colectiva, basada en experiencias locales y nacionales, e que influya en los procesos relacionados con la gobernanza de internet y otras tecnologías digitales, y promueva cambios políticos a nivel regional y global.

Resultados inmediatos

• Los miembros y socios/as de APC proporcionan conocimiento y apoyo experto para generar más conciencia sobre la conectividad centrada en la comunidad entre las comunidades y las personas responsables de formular políticas, y transformar la política y las regulaciones de modo que habiliten la conectividad centrada en la comunidad en el Sur global.
• Los miembros y socios/as de APC elaboran estrategias conjuntas y se movilizan colectivamente para participar e influir en los principales procesos nacionales, regionales y globales para integrar los derechos humanos y políticas y prácticas digitales justas para el medio ambiente.
• APC aprovecha su acceso a procesos regionales y globales sobre políticas, normas y estándares para garantizar que se incluyan las voces y perspectivas de las comunidades marginadas y que sean democráticos, abiertos, transparentes y responsables.
• Los miembros y socios/as de APC integran más perspectivas y agendas basadas en derechos de las mujeres y las personas de género y sexualidad diversos a las políticas, normas y estándares digitales.

Resultado 4: Mayor capacidad colectiva para la seguridad y el cuidado integrales y la resiliencia digital.

Fundamento

Todas las personas deben poder utilizar internet y las tecnologías digitales de una manera segura, protegida de amenazas y libre de violencia, intimidación y acoso, especialmente los grupos más vulnerables y amenazados, entre los cuales están las comunidades de bajos ingresos, las mujeres y personas de género diverso, y las comunidades locales que se encuentran en primera línea de la destrucción ambiental y más directamente afectadas por el cambio climático. 

En el contexto actual de intensificación de los ataques, tanto fuera de línea como en línea, contra las comunidades indígenas que se oponen a la destrucción ambiental, así como contra mujeres y personas de género diverso, se debe prestar especial atención al apoyo a la resiliencia digital de activistas por el medio ambiente y la tierra, así como de quienes luchan por la justicia de género y feministas. La solidaridad y la acción colectivas pueden desempeñar un papel importante a la hora de dar respuesta a activistas en peligro. Sin embargo, este apoyo debe articularse de una manera participativa que sea significativa para la especificidad y los diversos matices de sus luchas, y que cuestione las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades interseccionales. El apoyo debe tener en cuenta sus experiencias y necesidades vitales, y habilitar su autonomía y su capacidad de acción, tanto personal como política.

Resultados inmediatos

• APC y sus socios/as tienen una comprensión compartida de las amenazas en línea y fuera de línea a las que se enfrentan y desarrollan estrategias colectivas de seguridad y cuidado integral para abordarlas.
• APC y sus socios/as tienen una mayor capacidad para crear y fortalecer su infraestructura digital.
• APC y sus socios/as se movilizan en forma colectiva y solidaria para brindar apoyo a activistas en peligro.
• Los grupos de activistas feministas y las comunidades queer y de género diverso tienen una mayor capacidad para involucrarse con internet y otras tecnologías digitales con cuidado, agencia, curiosidad, diversión y seguridad.

Resultado 5: APC tiene una visión y propósito compartidos. Cuenta con la capacidad, conocimientos y recursos financieros necesarios para cumplir su misión en un entorno laboral en que todos los miembros y el equipo puedan aprender, crecer y prosperar.

Fundamento

Para fortalecer la organización colectiva, debemos destacar este aspecto de nuestro trabajo, asegurándonos de que los diferentes elementos de las estrategias de construcción de redes y movimientos que se encuentran en los proyectos y programas funcionen de manera coordinada para lograr los resultados de este plan estratégico. Debemos reforzar la creación y el intercambio interno de conocimientos y la coordinación en la planificación de proyectos, además de desarrollar indicadores de impacto compartidos en todos los proyectos y programas. Esto implica seguir fomentando una cultura de aprendizaje y cuidado colectivo entre los miembros y el equipo de APC para apoyar los resultados de las actividades de incidencia, habilitar y apoyar a miembros y socios/as para que podamos contribuir colectivamente a los resultados mencionados anteriormente, y desarrollar y mantener un sentido de propósito común que permita a los miembros y al equipo crecer y prosperar en su empeño. Debemos reforzar continuamente nuestro compromiso interno de vivir según nuestros valores en la manera en que nos organizamos y trabajamos en conjunto.

Resultados inmediatos

• Los miembros y el equipo de APC tienen un mayor conocimiento y conexiones más sólidas entre sí.
• Los miembros y el equipo de APC tienen una mayor capacidad para trabajar en conjunto estratégica y operativamente basándose en una visión y propósito compartidos.
• Los sistemas de gestión del conocimiento, planificación y monitoreo, evaluación y aprendizaje de APC apoyan el aprendizaje colectivo y lo priorizan para lograr un mayor impacto.
• Los miembros y el equipo de APC tienen una mayor comprensión compartida del cuidado y construyen colectivamente políticas y prácticas organizativas que apoyan el bienestar colectivo, la resiliencia y la sostenibilidad.
• APC cuenta con una base de financiación diversa y sostenible.