Equipo de Sulá BatsúEl acceso a internet es un derecho fundamental desde 2010 en Costa Rica. “¡Pero entre lo escrito y la acción, hay un mundo!”, exclama Kemly Camacho. Esta militante está en muy buena posición para saberlo, ya que hace años que integra Sulá Batsú, una cooperativa que trata de ayudar al pueblo costarricense a apropiarse de las tecnologías de información y comunicación y, en especial, de internet. Hagamos zoom sobre el acceso a internet en Costa Rica y la nueva y controvertida ley sobre delincuencia electrónica… tema del que no deja de hablarse en todo el mundo.
El acceso a internet, un derecho teórico
El CAFTA es un acuerdo de libre comercio que vincula a Costa Rica, Estados Unidos y los demás países de América Central, desde el 1º de enero de 2009. Ese acuerdo determina la apertura del sector de las telecomunicaciones al mercado ‘libre’. Antes de su entrada en vigor, Costa Rica desarrolló su electricidad, telefonía y telecomunicaciones en general con ayuda de una empresa estatal, lo que le permitió alcanzar importantes índices de penetración (90% de acceso a la electricidad, 80% de acceso a la telefonía fija). “Poco después de la firma del acuerdo de libre comercio, el acceso a internet se declaró un derecho fundamental y la presidenta Laura Chinchilla introdujo un acuerdo de solidaridad digital”, rememora Camacho. Estas dos declaraciones debían supuestamente operar como barreras de contención, mientras se liberalizaban las telecomunicaciones en el país.
Según Kemly Camacho, la solidaridad digital sigue haciéndose esperar. “Tenemos un fondo de telecomunicaciones destinado a garantizar el acceso de todos a internet. Pero en realidad, Fonatel todavía no empezó a trabajar”. Entretanto, la brecha digital se agranda y el último censo nacional (2011) ostenta unas cifras desalentadoras de penetración de internet. Apenas el 43,7% de los y las costarricenses tienen acceso a internet. La mayor brecha separa a las regiones urbanas de las rurales. La telefonía celular se difundió más rápido, pero con un nivel de servicio muy variable en función del poder adquisitivo y de la región”, agrega Camacho.
Ley sobre delincuencia electrónica
Pero uno de los mayores cambios legislativos en relación a internet se produjo hace muy poco. El 10 de julio pasado, la presidenta Chinchilla firmó una ley contra la delincuencia electrónica. Si bien esta ley pone al día a la justicia con los temas importantes de la actualidad – apunta a frenar la pornografía en línea, los abusos sexuales y los riesgos para niños y niñas – pocas veces una ley provocó tanta resistencia. ¿Quién está en la primera fila de la resistencia? El colegio de periodistas. ¿Quién en la segunda fila? Asociaciones civiles, blogueros/as, periodistas independientes y ciudadanos/as, y también universitarios/as.
Más allá de la lucha contra el crimen en línea, la ley 9048 introduce en el derecho costarricense nuevos delitos de naturaleza criminal. Andrés Guadamuz (@tecnnollama), universitario conocido por la seriedad de sus investigaciones sobre internet, a cargo del proyecto Creative Commons de Costa Rica, va un poco más lejos. Él plantea la pregunta de si esta ley no sería la primera ley anti-Wikileaks.
“El elemento más controvertido de la ley es la modificación del tipo de espionaje existente, para incorporarle una dimensión digital”, sostiene Guadamuz. Esto causó conmoción en la prensa local y la blogosfera, que lo interpretaron como un ataque al derecho a la protección de las fuentes, es decir, un ataque a la libertad de prensa y expresión. De nuevo según Guadamuz: “No obstante, yo creo que los/as periodistas no ven la verdadera intención subyacente a esta ley. Evidentemente, con ella se intenta criminalizar las fugas de información destinadas a sitios de denuncia como Wikileaks”.
Camacho sostiene que en Costa Rica, “la regulación de la corrupción, por pequeña que sea, fue ante todo ciudadana”. Y explica, en un francés impecable: “Varios/as usuarios/as de internet están interesados/as en denunciar la corrupción, sobre todo en el seno de las instituciones públicas. Con las TIC, esta se expandió mucho. Muchas investigaciones periodísticas se realizaron utilizando datos electrónicos, bases de datos, correos interceptados. Esto produjo grandes cambios. Unos veinte mandos muy bien posicionados (tanto del ámbito privado como del público) fueron denunciados hasta el momento por corrupción gracias a la información electrónica. Actualmente están siendo investigados”.
Dicho esto, como informa la periodista Renata Avila en un artículo reciente publicado en Global Voices, “si la ley se promulga tal y como hasta ahora está escrita, cualquier periódico o periodista que publique información confidencial (como lo hizo el diario costarricense La Nación con WikiLeaks) será perseguido y se prohibirán sus actividades normales en línea, como la utilización de apodos”.
Los movimientos sociales están muy movilizados, pero será el colegio de periodistas quien llevará la lucha contra esta nueva ley a la asamblea legislativa. El colegio pretende lograr la hazaña de incorporar enmiendas a posteriori a la ley, para aplazar las medidas con mayores posibilidades de silenciar las investigaciones periodísticas y ciudadanas. En las próximas semanas se apelará este caso ante la Corte Constitucional, último recurso para los/as ciudadanos/as, militantes, periodistas y blogueros/as. Continuará.
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Global Voices
La Nacion
Cooperative Sulá Batsú
Wikileaks
Article sur la réforme incertaine en faveur de la liberté d’information .