Artículo publicado originalmente en el sitio web de Derechos Digitales.
Decir que la pandemia por la propagación de COVID-19 ha transformado por completo nuestra vida y el mundo tal como lo conocíamos se ha vuelto un lugar común. La crisis sanitaria y económica que ha desencadenado la enfermedad no tiene parangón en la historia reciente. Todavía con el virus fuera de control, la sensación generalizada de incertidumbre lo permea todo, mientras nos preguntamos cómo será el mundo una vez que esto acabe y cuánto falta para eso.
Uno de los cambios más notorios tiene que ver con la necesidad de confinamiento de un porcentaje importante de la población. En América Latina, algunas regiones están próximas a entrar al quinto mes de cuarentena, de las más largas del mundo. Mucho se ha hablado respecto al rol preponderante que ha adquirido internet y la tecnología en este contexto de encierro, que nos ha permitido migrar al teletrabajo y la educación a distancia, consolidando servicios que permiten facilitar ciertas actividades a través de la gestión digital.
Y sin embargo, mientras algunos se han empeñado en celebrar la gran capacidad humana de adaptarse a casi cualquier situación, y agradecer por la conexión a internet, la verdad es que esta es solo una parte de una historia mayor que necesita ser matizada, y que rápidamente puede tornarse sombría. En este contexto, es importante señalar que América Latina ha experimentado una alza en las violencias de género, fenómeno que también ha sufrido las transformaciones asociadas al nuevo contexto y los retos que plantea el confinamiento y la subsecuente restricción y limitación de medidas de apoyo a las víctimas.
Con la intención de entender mejor los efectos de la pandemia sobre las mujeres que enfrentan violencias, Naciones Unidas, a través de la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, hizo un llamado a contribuir con una investigación que busca poder comprender la violencia de género en este nuevo contexto y las medidas que tanto gobiernos como organizaciones no gubernamentales han tomado para enfrentar los desafíos que plantean las restricciones sanitarias y las limitaciones de los canales convencionales de ayuda.
Desde Derechos Digitales quisimos aportar a este proceso mediante la realización de una consulta a nivel regional a organizaciones feministas y defensoras de derechos digitales, con el objetivo de entender mejor el impacto que la pandemia ha tenido sobre sus métodos de trabajo y poder determinar si el incremento de la violencia de género se ha manifestado también en los entornos digitales.
Con retroalimentación de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, hemos podido identificar que, a pesar de que las redes de apoyo se han mantenido activas en los entornos digitales, uno de los mayores limitantes para acceder a los canales de atención a víctimas de violencia están vinculadas a la restricción del acceso a internet, cuestión que al mismo tiempo ha impactado el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el acceso a información.
Aunado a esto, se ha podido documentar que las medidas implementadas por las plataformas para regular los contenidos que se comparten en ellas han sido explotadas también como mecanismos de censura y en campañas de desprestigio hacia las iniciativas de la sociedad civil que brindan apoyo a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Mientras que las respuestas por parte de los gobiernos de la región han mostrado no ser suficientes para abarcar la amplia gama de necesidades que surgen en este contexto, ni para documentar los impactos que enfrentan las víctimas de violencia de género.
Por otro lado, la interseccionalidad se hace aún más visible, frente a las diferentes brechas que existen en el acceso a internet y a las que se suman condiciones de género, raza y nivel socio-económico que acentúa la precariedad de los recursos a los que estas poblaciones tienen acceso para enfrentar la violencia e incluso los impactos que existen en torno al incremento de la violencia doméstica.
Todas estas cuestiones nos obligan a volver a mirar los indicadores de conectividad en la región que, a la luz de la pandemia, requieren de políticas fuertes que impulsen un acceso universal a internet. De otra forma, la tecnología no es más que otra forma de acrecentar la existente brecha social.
Puedes leer el aporte de Derechos Digitales a la consulta de la ONU sobre la violencia de género en pandemia, haz clic aquí.