Del 1 al 5 de Julio de 2019 se llevó a cabo el 7° Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT) en Córdoba, Argentina. Este congreso es el escenario donde se debate y se puntea la Agenda Digital de América Latina y el Caribe. Allí se reúnen especialistas, gobiernos, empresas, corporaciones, entes reguladores, organizaciones globales y, en menor medida, organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil.
Los temas principales de esa agenda giraron en torno a gestión del espectro, conectividad para el desarrollo, 5G, internet de las cosas, privacidad y protección de datos, propiedad intelectual y regulación de algoritmos, inteligencia artificial, blockchain y gobernanza de plataformas, agenda de la inversión para la infraestructura digital, impactos de las TIC en la educación, el empleo y la inclusión social, innovación para el cierre de la brecha digital, la transformación de los Fondos de Servicio Universal y gobernanza de internet, entre otros.
Un tema protagonista fueron los Fondos de Servicio Universal que vienen siendo poco y mal utilizados en la mayoría de los países del mundo. Para visibilizar este debate realizamos el siguiente video durante el CLT2019 que invitamos a ver y compartir. Agradecemos a la y los entrevistados: Adriana Labardini (Consejera de Rhizomática), Sergio Scarabino (UIT) y Nicolás Echániz (AlterMundi)
¿Fondos de Servicio Universal?
En Argentina, según la definición de ENACOM “El Servicio Universal es un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país a los Servicios TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades. El Servicio Universal se implementa a través de programas determinados por la Autoridad de Aplicación, el ENACOM, que son solventados con recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal integrado con los aportes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, quienes deben aportar el uno por ciento (1%) de la totalidad de los ingresos devengados por su prestación, netos de los impuestos y tasas que los graven.”
En los Artículos 18 al 25 de la Ley 27.078 Argentina Digital se disponen su definición, finalidad, alcance, creación y financiamiento, aportes de inversión, categorías y aplicación de fondos.
Cabe aclarar que esta ley fue modificada en diciembre de 2015 por el Decreto 267/20153 durante los primeros días del mandato de la presidencia de Mauricio Macri. En ese decreto, fue creado el ENACOM (el Ente Nacional de Comunicaciones) fusionando la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).
Posteriormente, en mayo de 2016 se realizó el Reglamento General de Servicio Universal con el fin de establecer los principios y normas que regirán en el servicio, los beneficiados, los sectores intervinientes y los mecanismos de financiación, entre otros.
Prácticamente, los Fondos de Servicio Universal son una multa a las empresas por no conectar ni operar las zonas que no ofrecen la rentabilidad que necesitan sus modelos de negocios y mercado.
Cerca del 42% de la población latinoamericana se encuentra desconectada y los porcentajes son aún mayores en zonas rurales o alejadas de las las ciudades. A su vez, en estas zonas, las personas que habitan tienen vulneradas otros derechos básicos como el acceso al agua, la tierra, el trabajo, la salud, la educación entre otros. Es decir, las empresas de telecomunicaciones no operan en esos lugares porque ahí viven personas que no pueden pagar los costos de los servicios, no pueden convertirse en clientes.
Los Fondos de Servicio Universal existen para ponerse a disposición mediante políticas públicas que caminen en el sentido de garantizarle a todas las personas, especialmente las empobrecidas, la posibilidad de conectarse a Internet de banda ancha, lo que en esta sociedad digital actual significa poder acceder a realizar trámites obligatorios online, a servicios de educación, a la salud pública, al conocimiento, a la comunicación y, ante todo, a la igualdad de derechos.
En Argentina, existe la Licencia para redes comunitarias desde el año pasado que las reconoce como tales y les permite desplegarse y operar sin fines de lucro en pueblos de menos de 5000 habitantes. Sin embargo, aún no se han otorgado Aportes No Reembolsables del Fondo de Servicio Universal que las fomente.
“No queremos crear ciudadanos digitales de segunda categoría”
El 2° día del congreso, AlterMundi también asistió para aportar su mirada en torno a redes comunitarias de internet participando del panel "El acceso que falta. ¿Más de lo mismo?" donde Nicolás Echániz puso en foco las desventajas de subsidiar la demanda como piden las empresas.
Expuso que conectar a las 6 millones de familias que se encuentran desconectadas en Argentina implicaría un gasto de 1.200 millones de dólares anuales en contraposición a los pocos millones que son necesarios para que las propias comunidades construyan y gestionen sus propias redes. Resaltando que el mayor capital que tienen las comunidades es la comunidad y la capacidad de trabajar juntos para resolver problemas comunes, señaló que hay estímulos que son prácticamente gratuitos y la necesidad de fomentarlas a través de un trabajo activo.
También, habló de la necesidad de garantizar a las personas la igualdad de derechos resaltando que “no queremos crear ciudadanos digitales de segunda categoría. La gente que hoy es población desconectada llegarles con el móvil no es convertirlos en ciudadanos de primera categoría de internet, llegarles con un punto de acceso en una plaza tampoco. Ahí las redes comunitarias traen una perspectiva de co-creación de internet, redes que arrancan en las casas de esa gente, que construyen su pedacito de infraestructura“
En el mismo sentido, Carolina Caeiro de LACNIC señaló que las redes comunitarias vienen a plantear un paradigma distinto donde a los operadores no les resulta rentable llevar conectividad y, si bien hay muchos esfuerzos que se vienen haciendo desde el sector privado, empresas públicas y los gobiernos para contribuir a cerrar esta brecha, también parece lógico que desde las comunidades desatendidas que quieren ejercer el derecho a la comunicación, que quieren acceder a los beneficios que implica estar conectados, desde esas mismas comunidades surjan las iniciativas de despliegues y autogestión de redes con modelos de sostenibilidad que funcionan y están dando respuestas efectivas.
Originalmente publicado en el sitio web de AlterMundi aquí.