Desde hace semanas, hemos visto cómo gobiernos mundiales, incluidos los de América Latina, han comenzado a utilizar información de teléfonos móviles y de aplicaciones para teléfonos móviles con el propósito de controlar la expansión de COVID-19 en sus países, fundamentalmente a través de aplicaciones para smartphones. Aunque muchos de los esfuerzos gubernamentales coinciden en carecer de suficiente legitimación y de resguardos de derechos fundamentales, el pánico aparente se convierte en el caldo de cultivo para medidas que no son idóneas y sí abusivas.
En un contexto de emergencia global, el problema que surge no es una cuestión solamente del respeto a los derechos en una situación excepcional, sino también del riesgo que significa mantener esa excepcionalidad para el ejercicio de derechos fundamentales a lo largo del tiempo.
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