El pasado 14 de abril, presentamos oficialmente el Monitor mundial sobre la sociedad de la información MMSI 2014 sobre la vigilancia de las comunicaciones en la Cámara de Diputados de México. El acto fue posible gracias a las organizaciones Son Tus Datos y APC.
La reunión en el recinto legislativo tuvo como objetivo alertar sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico para establecer reglas transparentes en el uso de software de espionaje y para proteger los datos personales en procedimientos de vigilancia realizados por el gobierno mexicano. Para tal se invitó a un grupo de especialistas en derechos humanos y seguridad nacional e informática que propusieron una guía de buenas prácticas y sanciones que restrinjan el acceso de actividades de inteligencia generalizada e injustificada.
Se destacó que, aunque México ocupa la presidencia de la Alianza de Gobierno Abierto, este gobierno carece de transparencia y rendición de cuentas en la compra y uso de software de vigilancia: no se publica cuánto se gasta, en qué se gasta, a quién se vigila y para qué propósito. Esto, a pesar de que México está entre los 5 países que más gasta en tecnología de vigilancia junto a Rusia, Siria y China, de acuerdo con Privacy International.
Se explicó que ya se han presentado denuncias por parte de organizaciones civiles ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, debido a que se encontró evidencia del software malicioso “FinFisher” en sus equipos.
Se aseguró que la vigilancia debe estar acompañada de transparencia. No obstante, el gobierno de México ha solicitado a empresas como Google, Twitter y Yahoo, información sobre 1177 ciudadanos y nadie sabe para qué propósito. Esto pone en estado de vulnerabilidad a la población, sobre todo, ante acontecimientos tan desafortunados como la desaparición forzada de estudiantes en Ayotzinapa efectuada por presuntos policías en 2014.
El espionaje gubernamental en este país es un tema delicado porque no siempre está claro si las autoridades están actuando para proteger los intereses de seguridad nacional o si van más allá de sus obligaciones y comienzan a infringir los derechos humanos de los/as ciudadanos/as.
Por eso, se requiere reforzar su marco legal con la adopción de los Principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones y estableciendo recursos jurídicos que “amparen” a la ciudadanía ante posibles arbitrariedades por parte del gobierno y garanticen el derecho de sus libertades individuales.
Al concluir el evento, los/as legisladores/as se comprometieron a solicitar información detallada al gobierno sobre la vigilancia en internet y analizar el marco legal en la materia.