La versión original de este artículo, en portugués, está disponible aquí.
Este artículo es obra de la organización miembro de APC Intervozes, que proporcionó las traducciones al español e inglés. Fue originalmente publicado en portugués en CartaCapital.
En mayo de 2020, un perfil en Twitter denominado Sleeping Giants (“Gigantes Durmientes”) surgió como nuevo personaje del realismo fantástico brasileño y dio un duro golpe en contra de la industria de la desinformación. El recién creado perfil pasó a reclamar públicamente la responsabilidad de empresas anunciantes en el combate a las llamadas “fake news” o "noticias falsas", presionándolas para que no financien a través de publicidad canales de circulación de estos contenidos.
La contraofensiva no se demoró, y pronto Jornal da Cidade Online, un medio que ha sido sistemáticamente cuestionado acerca de la calidad de sus averiguaciones y veracidad de la información que publica – incluso por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Congreso Nacional que investiga las noticias falsas – requirió a la Justicia la violación de la protección de datos de Sleeping Giants en Twitter. La presión creció a partir de octubre cuando un Tribunal del estado de Rio Grande do Sul prohibió la participación de las entidades especializadas en derecho a la información y libertad de expresión en el país como amicus curiae en el proceso, así como cuando exigió que la plataforma digital entregara la información de los administradores del perfil antes de la tramitación y decisión final del proceso.
La industria de la desinformación depende del modelo de negocio de las plataformas digitales que gestionan la relación entre los editores de contenido y los anunciantes a través de herramientas como Google AdSense, utilizada por la página de desinformación en cuestión. Por lo tanto, la forma más efectiva de evitar que estos medios difundan noticias falsas que causan un gran daño a la democracia es alertar a sus anunciantes sobre la desinformación que estos medios – en los cuales anuncian – publican.
La forma por la cual el sitio de noticias falsas del abogado José Pinheiro Tolentino Filho eligió atacar a Sleeping Giants en la Justicia, requiriendo que Twitter entregue los datos de identificación del propietario de la página, tiene como objetivo golpearla de al menos dos formas. La primera sería a través de presiones y litigios en contra de los administradores del perfil, realizando juicios por difamación, acusándolos de señalar al Jornal da Cidade Online como un difusor de noticias falsas (lo que, en realidad, es un hecho ampliamente reconocido, lo que incluso ya generó un fallo condenatorio por daño moral e investigaciones en la Comisión Parlamentaria de Investigación – en Brasil llamada “la CPI de las Fake News”).
La segunda forma de golpear la iniciativa se puede verificar a través del modus operandi al cual pertenece el campo político de Jornal da Cidade Online, por medio del uso de estos datos para movilizar campañas de falsas acusaciones y amenazas en contra de las personas que operan Sleeping Giants. Fue, por ejemplo, lo que pasó con la versión estadounidense de esta iniciativa y es lo que les suele pasar a los opositores al bolsonarismo, como se puede ver en los noticieros.
Matt Rivitz, el publicista que creó Sleeping Giants en Estados Unidos en noviembre de 2016, ha sufrido amenazas de muerte desde que un sitio web conservador reveló su identidad. Las amenazas también iban dirigidas contra su hijo de 14 años. La versión estadounidense de los Giants logró impactar, entre otros, al poco informativo sitio web Breitbart News, editado por Steve Bannon, ex estratega de la administración de Donald Trump.
Se conocen también los vínculos entre la industria de la desinformación y el jefe del poder ejecutivo brasileño. La importancia de Jornal da Cidade Online para la red bolsonarista de noticias falsas se puede medir por la reacción que provocó la acción de los Sleeping Giants en el círculo más cercano del presidente Bolsonaro. Luego de la decisión del Banco do Brasil de dejar de anunciar en la página, Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, y el entonces secretario de comunicación Fábio Wajngarten se pronunciaron públicamente contra el hecho y el banco fue sometido a una intervención para que se revertiera la resolución.
Según una nota publicada en abril de 2020 por la agencia de chequeo de información Aos Fatos, Jornal da Cidade Online es parte de una red de desinformación que se mantiene a través de financiamiento publicitario y está directamente vinculada al sitio web bolsonarista mantenido por la viuda del torturador de la dictadura militar Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ambos sitios compartían hasta principios de año el mismo código de identificación en el sistema Google AdSense, junto con otros dominios. Esto significa que el dinero recaudado por ellos a través del servicio de publicidad que ofrece Google se compartió dentro de este mismo grupo.
La historia de este vínculo entre la industria de la desinformación y los defensores declarados de exponentes de la tortura y la violencia política enciende la luz roja y justifica la preocupación de los defensores de derechos humanos y libertades civiles respecto a la posibilidad de rompimiento de la confidencialidad de los datos de los administradores de Sleeping Giants. Una vez revelada esta información, su impacto en la vida de los involucrados es irreversible, lo que es de extrema gravedad en un país con altos índices de violencia y asesinatos contra comunicadores y defensores de derechos humanos como Brasil. Además, la lucha contra la desinformación puede perder quizás su instrumento más poderoso actual para combatir las llamadas “fake news”, por su capacidad de asfixiar la viabilidad económica de grandes canales de difusión de contenidos falsos.
Mientras que, por un lado, Sleeping Giants utiliza un seudónimo como estrategia para proteger la integridad física y la vida de sus administradores, por el otro, el Jornal da Cidade Online creó columnistas ficticios para difamar a sus blancos. En este caso, sin embargo, los perfiles falsos manipulaban retratos de personas reales para engañar al público sobre la existencia de las personas que firmaban los textos. Los perfiles de los falsos columnistas disparaban desinformaciones sobre parlamentarios, ministros del Tribunal Supremo Federal (STF) y jueces.
Anonimato en las redes sociales
Es importante mencionar que la prohibición del anonimato, prevista en la Constitución brasileña, no debe utilizarse como argumento en contra de Sleeping Giants Brasil. Como es bien sabido, tal veto busca prevenir abusos en el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento.
De hecho, es posible cuestionar incluso la clasificación del perfil de Sleeping Giants como anónimo porque, aunque el público no puede identificar su autor, la red social posee los datos – sobre los cuales las leyes garantizan el sigilo – que, si se cruzan con datos de proveedores de conexión, pueden llevar a la identificación del perfil. En este sentido, el Supremo Tribunal Federal adoptó el entendimiento de que la práctica del anonimato se puede preservar de manera absoluta y relativa, una vez que es posible obtener la identidad de un individuo.
En internet es posible identificar la información almacenada por el proveedor que da acceso a Internet y por quienes explotan la oferta de servicios en línea. Para estos proveedores nadie es anónimo, siempre y cuando se cumpla la legislación (en este caso, el Marco Civil da Internet y la Ley General de Protección de Datos – LGPD), que trata de la integridad de los datos electrónicos bajo su custodia, que contienen información sobre la identificación (electrónica) de los usuarios.
En este sentido, los usuarios de Internet que practican determinados comportamientos y lo hacen a través de un relativo anonimato, deberían tener su derecho a la confidencialidad de los datos, a la privacidad, mitigado solo si sus actos violan los derechos de los demás. Por lo tanto, la Justicia no debe obligar a Twitter, pese al pedido de Jornal da Cidade Online, a entregar los datos del usuario detrás de la cuenta, a menos que se reconozca previamente que el contenido publicado es ilegal.
El uso del seudónimo o el anonimato tiene el potencial de empoderar a las personas, dando voz a quienes por alguna razón enfrentan dificultades de obtener un espacio para expresar sus puntos de vista, permitiendo la participación y la movilización, ofreciendo una sensación de seguridad y protección, lo que ayuda a las personas a hablar de una manera más abierta, sin miedo, sin correr el riesgo de censura al contrarrestar intereses poderosos y proteger la información y los datos personales, reduciendo la vigilancia y la violación de la privacidad.
La falta de preservación del anonimato en el presente caso arriesga la vida y la libertad de las personas. Asimismo, si bien se entendió que la prohibición del anonimato se mantenga por ser un derecho constitucional, la vida es el mayor de los derechos, y no hay duda de que en una colisión de principios constitucionales como este se debe preservar la vida y la libertad.
Como se puede notar, la página Sleeping Giants criticó a ciertos productores de contenido y solicitó que los anunciantes se posicionaran. En la evaluación de Intervozes - Colectivo Brasil de Comunicación Social, no hay nada ilícito en el acto que pueda llevar a la necesidad de identificar al usuario detrás del perfil. Fue este el motivo que movilizó a la organización a ingresar con la solicitud de Amicus Curiae en el caso, que fue rechazada.
Advertimos, entonces, que la libertad de expresión, a la que se refiere el proceso judicial no debe tomarse como una autorización para que medios de desinformación ataquen la imagen de sus enemigos y manipulen información de interés público para aprovechar ventajas políticas y económicas. La libertad de expresión debe estar al servicio de la garantía de movilizar informaciones verdaderas, sin ningún tipo de coacción al exigir la responsabilidad social por parte de los agentes públicos y privados. Estamos lo suficientemente despiertos y con los ojos bien abiertos para no tener dudas al respecto.
Bruno Marinoni es periodista, doctor en Sociología e integrante de Intervozes.
Marina Pita es licenciada en Comunicación Social, hace posgrado en Derechos Digitales y coordinadora ejecutiva de Intervozes.
Sobre los pasos del proceso
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El 25 de mayo de 2020, el Jornal da Cidade Online presentó una demanda contra Twitter, con el objetivo de obligar a la plataforma a proveer datos de dos perfiles alojados en esa red social, Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) y Sleeping Giants Rio Grande do Sul (@slpng_giants_RS). La acción también exigió la exclusión de dichas cuentas o, alternativamente, la exclusión de las publicaciones que citaran al Jornal da Cidade Online. Las tres solicitudes fueron realizadas con carácter de urgencia, con el fin de obtener una decisión preliminar para proporcionar datos y excluir perfiles dentro de 24 horas.
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El 27/05/2020 se publicó una decisión otorgando parcialmente una protección de urgencia, en la cual se determinó que Twitter (i) brindara información sobre el IP, la puerta lógica y otros datos de registro de los usuarios que crearon los dos perfiles de Sleeping Giants y (ii) que dichos datos fueran conservados por Twitter hasta la decisión final de la justicia, según las determinaciones del Secreto de Justicia, con utilización limitada al demandante de la acción solo para instrucción del proceso o investigación policial. La base de la concesión parcial fue (i) prohibición del anonimato en la Constitución y (ii) peligro de daño irreparable por el retraso, una vez que el Marco Civil de la Internet en Brasil establece un plazo de 6 meses para que los proveedores excluyan registros de acceso y 1 año para que los administradores eliminen los registros de conexión. En cuanto a las solicitudes de exclusión de perfiles o cargos, se rechazó la concesión de la tutela, con el argumento de salvaguardar la libertad de expresión, una vez que la información revelada por los perfiles de Sleeping Giants sobre el Jornal da Cidade Online era verdadera e incluso objeto de inclusión en la investigación de la llamada Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Fake News, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional.
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Inmediatamente, Twitter conservó y almacenó todos los datos que tenía sobre esas cuentas, pero se opuso a los embargos de declaración en contra de la decisión preliminar de la justicia, sosteniendo que la decisión es (i) contradictoria porque se eliminó la ilegalidad del acto – pues no se consideró difamatoria la publicación -, lo que imposibilitaría la concesión de la protección parcial urgente, una vez que el Marco Civil de Internet define un acto ilegal como requisito para la custodia y provisión de registro, de conformidad con el art. 22, y (ii) poco clara en cuanto al alcance de la violación de la confidencialidad, ya que los operadores de Twitter no recopilan “datos de registro” y no tienen una “puerta lógica”.
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Los embargos fueron rechazados y Twitter envió una respuesta. El recurso interpuesto por Twitter presentó como alegato: (i) la violación del artículo 22, párrafo único, inciso I, del Marco Civil de Internet, que prevé la presencia de “indicios fundados de ilegalidad” en la conducta del usuario como requisito legal imprescindible, (ii) falta de fundamento para determinar el suministro de datos de los usuarios de Twitter, ya que el propio juez reconoció expresamente que no existía ilegalidad en los contenidos publicados por los usuarios y (iii) los operadores de Twitter ni siquiera cuentan con los datos requeridos en sus servidores, no existe una regla en el sistema legal brasileño que obligue a los proveedores de aplicaciones de Internet a recopilar, almacenar o proporcionar la “puerta lógica” y los “datos de registro” de sus usuarios.
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El juez relator recibió el recurso de apelación, pero lo rechazó, en decisión monocrática, es decir, la solicitud fue rechazada y considerada ineficaz. Contra esa decisión, Twitter presentó un recurso. Entre la presentación de la apelación y la sentencia se solicitó la intervención de un tercero por parte de Nadini Jammi, cofundadora de la empresa Check My Ads y Sleeping Giants. La solicitud de intervención no fue admitida y el recurso fue rechazado, en fallo publicado el 03/11/2020. En contra de ello, Twitter presentó una moción de aclaración, que aún está pendiente.
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En el origen, paralelo al proceso ante la Corte, el Idibem - Instituto Beta para Internet y Democracia, Conectas Derechos Humanos e Intervozes - Colectivo Brasil de Comunicación Social solicitaron sumarse al proceso como Amicus Curiae, y Nandini Jammi como asistente simple. Las solicitudes fueron rechazadas por el juez de segunda instancia, quien analizó una medida liminar, pero aún no han sido analizadas por el Juzgado de Primera Instancia, que analiza el contenido. Los informes judiciales del caso están concluidos desde el 23/11/2020, es decir, se encuentran a la espera de la decisión del juez.