El jueves 2 de julio de 2020, tras las votaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados -sin discusión y con una sorpresiva avasallante mayoría a favor- entraron en vigor varias reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal derivadas de algunas disposiciones del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
A pesar de que distintas organizaciones locales alertaron sobre el tema desde el 17 de junio de este año a través de la campaña #NiCensuraNiCandados, estas reformas fueron aprobadas -de una forma extraordinariamente veloz- sin abrir espacio a diálogos plurales que permitieran la toma de decisiones informada y cautelosa en torno a las disposiciones establecidas en el acuerdo internacional y sus impactos en la realidad nacional.
Particularmente, en cuanto a propiedad intelectual, el tema resulta preocupante porque las medidas aprobadas no se limitan a proveer mecanismos que beneficien a las industrias del entretenimiento o a quienes crean los productos culturales que deberían proteger este tipo de regulaciones, sino que habilitan la puesta en marcha de mecanismos de censura que -más allá de restringir el acceso a la información y la producción cultural- también atentan contra la libertad de expresión, fundamental para asegurar la autonomía y la soberanía nacionales.
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