Bolivia tiene uno de los índices de penetración de tecnologías de información y comunicación más bajo de América Latina. Sólo el 4% de los bolivianos y bolivianas accede a internet. El 51% de este grupo privilegiado está conectado por banda ancha ADSL y el resto todavía usa conexiones discadas que ofrecen una internet lenta, cara (se paga doble: la conexión y los impulsos telefónicos) y vieja (es imposible ver videos, escuchar audios y el intercambio de información es extremadamente limitado).
Esta situación, en gran parte, puede explicarse por la infraestructura de telecomunicaciones deficiente con la que cuenta el país. Las centrales telefónicas y los bucles locales (conexiones entre las centrales y los usuarios) tienen más de 20 años en uso y no están aptos para la transmisión de datos de banda ancha. El sector privado, por su parte, ha venido implementando iniciativas aisladas de conexiones inalámbricas a partir de señales satelitales, pero el Estado no ha regulado el acceso al espectro y a las frecuencias, así como tampoco ha definido aspectos técnicos (requisitos y especificaciones) que permitan masificar el acceso a la banda ancha.
Los problemas técnicos golpean más fuerte al área rural. La escasez de enlaces terrestres o satelitales para llegar a áreas remotas dificulta la interconexión entre ciudades y localidades rurales. Bolivia es un país cuya población es dispersa y con bajos ingresos, lo que hace imposible contar con una demanda que haga atractiva las inversiones para el sector privado.
La legislación en telecomunicaciones se vio revolucionada por la aprobación, en enero de 2009, de una nueva constitución. Entre otras cosas establece que el espectro electromagnético constituye un recurso natural, estratégico y de interés público para el desarrollo de Bolivia y que, por tanto, el Estado debe asumir el control y la dirección sobre su explotación, asegurando la reinversión de las utilidades económicas en el país. También consagra como derecho el acceso universal y equitativo a los servicios básicos entre los que se incluye, además del agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario y servicio postal, el de telecomunicaciones. Si bien es importante contar con estos principios rectores, una vez más no se especifica cómo se llevarán a la práctica.
Tanto antes como después de la aprobación de la constitución el gobierno ha privilegiado los centros de acceso comunitario (telecentros) como solución al problema de la conectividad para poblaciones desfavorecidas. Todavía, sin embargo, no se han definido los incentivos necesarios para inversiones por parte de la empresa estatal de telecomunicaciones y los operadores privados.
Si bien el discurso oficial ha incorporado conceptos como “inclusión digital” y “acceso universal”, la promoción de la banda ancha sigue brillando por su ausencia como un objetivo en sí mismo. Es necesario que los actores, y en especial los y las responsables de políticas, comiencen a ver a la banda ancha como condición necesaria para la inclusión de sectores marginales a la sociedad de la información. Sin inversión en infraestructura no hay banda ancha, y sin banda ancha es imposible que desarrollar el mercado de las telecomunicaciones del país.
Este artículo se basó en una investigación de Orlando Arratia producida en el marco de CILAC, un proyecto del programa de políticas en América Latina de APC. Forma parte de una serie de cinco investigaciones sobre la reforma de las telecomunicaciones y el acceso a la banda ancha en América Latina.
Foto: “Velaia via Flickr”:http://www.flickr.com/photos/velaia/3239005964/