La política de tecnologías de información y comunicación (TIC) en Colombia, orientada por el Plan vive digital, busca incrementar las conexiones a internet en hogares y MiPyMes (micro, pequeñas y medianas empresas) y triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información. Para alcanzar estos objetivos el gobierno definió una serie de acciones, algunas de ellas orientadas a la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, principalmente de la red de fibra óptica que atraviesa el país y de los servicios de telecomunicaciones móviles mediante la asignación de porciones del espectro radioeléctrico. Además se plantea la definición de estrategias para proveer servicios de telefonía e internet a entidades públicas en zonas rurales y facilitar el despliegue de infraestructura de última milla (la infraestructura de última milla es la conexión final desde el operador al usuario/a) a hogares y MiPyMes.
Uno de los retos principales será lograr que la ampliación de infraestructura beneficie a una población que actualmente no puede acceder a una conexión a internet de banda ancha o a un teléfono móvil con un plan de datos que les permita utilizar los recursos de la red. Aunque en el plan del gobierno se proponen asuntos como la reducción de impuestos para internet, subsidios y el impulso a la industria de aplicaciones, es importante revisar cómo se valora y se asigna el espectro radioeléctrico en el país, pues esto incide tanto en la cobertura como en los costos del acceso a las TIC de forma inalámbrica.
Abriendo el espectro
En este sentido, el gobierno se ha enfocado en la asignación de espectro para servicios de telecomunicaciones móviles, permitiendo la entrada de un nuevo operador y la posibilidad de ampliar las redes de los operadores existentes (UNE telecomunicaciones entró al mercado a inicios de 2011 con servicios de 4G y los operadores antiguos como TIGO, COMCEL y “MOVISTAR”: accedieron a bandas de frecuencia a través de procesos de subasta). Además se planea hacer nuevas asignaciones de espectro en los próximos meses y será interesante ver cómo esto incide en el incremento de la penetración de internet móvil, que por ahora es de 5,39% frente al 94% de penetración de la telefonía celular (Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Informe trimestral de TIC del segundo trimestre de 2011).
Algunos temas vitales no han sido suficientemente abordados, como es el caso de las redes de acceso (las redes de acceso o de última milla tienen como función conectar las redes de los operadores con los/as usuarios/as finales) que serán fundamentales para aprovechar la ampliación de la infraestructura de fibra óptica, tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales. En el pliego para contratación del proyecto de fibra óptica se indica que la red será de propiedad del contratista, quien definirá la tecnología a usar para la red de acceso y deberá brindar conectividad gratuita por cinco años a dos mil instituciones públicas. Pero no se prevé el impulso de operadores locales u otros enfoques innovadores, dejando en manos del contratista la prestación del servicio a otros/as usuarios/as. Esto puede generar escasez de oferta y de posibilidades para actores privados o de carácter social y comunitario.
Otro aspecto de interés para el gobierno es la determinación de bandas de frecuencia que permitan la prestación de servicios para la seguridad nacional, emergencias, banda ancha fija y móvil, entre otras. Algunas de estas bandas son las de 450 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 3.5 GHz. La banda de 700 MHz es de particular interés pues corresponde a la banda del dividendo digital, es decir, a las frecuencias que se liberarán con la implementación de la televisión digital terrestre en el país, proceso que finalizará en el 2019.
El Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTIC) con el soporte técnico de la Agencia Nacional del Espectro es quien asigna, gestiona y controla el espectro en Colombia. Desde su creación en 2009, la ANE ha apoyado los procesos de asignación de bandas para IMT, realizado propuestas para la definición de una política para la administración del espectro radioeléctrico, apoyado la puesta en marcha de un sistema de gestión del recurso y ejercido funciones de vigilancia y control, entre otras actividades.
Oportunidades para la participación y la incidencia
Los cambios tecnológicos han ocasionado que bandas que estaban atribuidas a servicios ya obsoletos o con baja demanda (como el servicio de buscapersonas) se encuentren subutilizadas, convirtiéndose en candidatas para la prestación de nuevos servicios. Si bien el gobierno ha estudiado y realizado modificaciones en los últimos años, se necesita una mayor participación de la academia y de la sociedad civil con investigaciones en las que se consideren las necesidades de la población y el cierre de la brecha digital, además de los criterios técnicos y de mercado.
Colombia cuenta con bandas de uso libre bajo condiciones técnicas de operación, como limitaciones en la potencia emitida por los equipos. En estas frecuencias se han implementado redes para brindar conectividad a zonas rurales, algunas de ellas enmarcadas en proyectos apoyados por el gobierno, universidades, organizaciones sociales o instituciones de carácter privado. Sin embargo no se conoce una iniciativa que agrupe esas experiencias y realice un análisis del impacto del uso de estas bandas, lo que brindaría una visión de su importancia a nivel nacional.
Durante 2011 se abrieron diferentes espacios de participación (el Comité Nacional del Espectro, el grupo de expertos en espectro, la consulta pública) que si bien todavía se encuentran en proceso de formación y fortalecimiento, representan una oportunidad para que la sociedad civil participe e incida en los temas referentes a la gestión del espectro.
Entre los asuntos en discusión se encuentran la definición de un modelo más flexible y eficiente para la gestión del espectro. Es esencial lograr el equilibrio entre las posibilidades de control estatal del recurso, con la flexibilidad y celeridad de su asignación y utilización. El gobierno, a través del MinTIC y de la ANE, debe estimar el valor social del espectro y construir un modelo de gestión con el apoyo y la visión de todos los sectores.
Es imprescindible fortalecer la participación de diversos actores en estos espacios de discusión. Mientras los operadores y proveedores de equipos cuentan con personal especializado, la sociedad civil tiene un largo camino que recorrer no solo en los aspectos técnicos sino también políticos y sociales para facilitar una participación ciudadana sustentada y con alcances reales. Se debe impulsar la conformación de equipos de trabajo entre usuarios/as, proveedores de servicios comunitarios, organizaciones sociales, grupos de acción e investigación técnica, política y social, con el fin de compartir y difundir información en un lenguaje comprensible, realizar veedurías, identificar necesidades y temas esenciales e investigar sobre asuntos concretos, en particular sobre modelos de gestión y usos alternativos del espectro.
El acceso universal a redes y servicios de telecomunicaciones debe tenerse en cuenta para atribuir, definir condiciones de uso y asignar bandas del espectro, haciendo consideraciones especiales para redes rurales y servicios prioritarios como la salud y la educación, examinando tecnologías que puedan aportar al buen uso del espectro radioeléctrico y bandas de frecuencia que sean apropiadas para redes de largo alcance en zonas de baja densidad demográfica.
Esta es una sintesis de la investigación realizada en Colombia por Lilián Chamorro y Ariel Barbosa para Colnodo, como parte de la iniciativa de APC Espectro abierto para el desarrollo, que se orienta a brindar un mejor conocimiento de la regulación del espectro a través del estudio de la situación en África, Asia y América Latina. Este proyecto forma parte de la iniciativa ‘Action Research Network’, financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC)
Se disponibiliza debajo el informe nacional de Colombia.
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