Los gobiernos que integran el Consejo de Derechos Humanos (CDH) trataron los temas de internet más rápido de lo previsto y lo más probable es que esa tendencia se acentúe. Pero los debates gubernamentales sobre internet y derechos humanos deben dar participación a otras partes. Mientras eso no ocurra, la sociedad civil debe buscar dentro del CDH los puntos de entrada estratégicos para la incidencia y alentar a los demás a hacerlo. Debe hacerse un seguimiento del panel del CDH y actuar concretamente antes de la próxima resolución anual sobre libertad de expresión e internet. El próximo paso más efectivo sería la realización de un debate temático sobre acceso a internet desde el punto de vista de los derechos, que incluya el acceso a la infraestructura, a contenidos diversos y para los diferentes grupos marginados.
Anduvimos un largo camino desde mayo de 2011 cuando, a raíz del informe de Frank La Rue [en inglés] el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prestó atención por primera vez al tema de la libertad de expresión e internet. Resulta increíble para los/as activistas que trabajan diariamente en temas de derechos y libertades en internet, que el CDH recién empiece a despertar al tema de internet. A medio camino entre el reciente encuentro CDH21 y el Foro de gobernanza de internet de noviembre de 2012, este es un buen momento para hacer una pausa y observar qué está pasando: lo bueno, lo malo, lo que están haciendo la sociedad civil y los gobiernos, y analizar las implicaciones.
Un año en la vida de internet en Naciones Unidas
2012 empezó bien para quienes defienden los derechos en internet. En febrero, el CDH realizó el primer panel de discusión sobre libertad de expresión e internet. [en inglés] Este panel amplió el trabajo de Frank La Rue y, en apariencia, incentivó el interés de otras instancias de la maquinaria de derechos humanos de la ONU. A mediados de 2012 estaba claro que los Informantes Especiales conducían los temas de derechos humanos relacionados con internet, a saber, Informantes Especiales sobre libertad de asociación, herencia cultural, racismo, discriminación e intolerancia racial y xenofobia, y un Panel de debate de ONU sobre defensores/as de los derechos humanos de las mujeres. El 2 de julio, en la resolución – actualmennte anual -, sobre libertad de expresión e internet, 85 países (dos años antes fueron solo 14) firmaron la resolución, promovida por Suecia, que hace un planteamiento simple: los mismos derechos humanos que tenemos fuera de internet se aplican en internet. . En setiembre se envió al CDH el resumen oficial del panel y ahora estamos esperando a ver qué va a pasar.
En el correr de este año asomaron varias tendencias relacionadas con internet. La primera fue en el proceso del Examen periódico universal [en inglés], donde los/as defensores/as de derechos humanos y activistas de internet empezaron a reunirse para evaluar la actuación de sus gobiernos en lo relativo a internet. Hacia agosto de 2012 ya lo habían hecho en más de doce países. Su incidencia gana fuerza, ya que los temas de derechos en internet fueron planteados más de 40 veces por varios gobiernos en sus revisiones mutuas entre pares de su actuación en derechos humanos. La segunda tendencia surgió en el Comité de Derechos Humanos (que supervisa el ICCPR [en inglés] y otros tratados), que empezó a centrarse específicamente en internet. Por ejemplo, en 2011, el Comité dictaminó que la libertad de expresión tratada en el artículo 19 del ICCPR es aplicable a la expresión en internet [en inglés]. En 2012, grupos de derechos humanos (muchos sin conocimiento previo o con poca experiencia en temas de derechos humanos relacionados con internet) reflexionaron sobre cuál sería su respuesta y buscaron ayuda, en ciertos casos por primera vez, en los/as activistas de internet.
Las implicaciones
El beneficio notorio del panel del CDH fue el diálogo abierto que generó entre los gobiernos. Si bien algunas respuestas de los gobiernos eran predecibles (algunos gobiernos promovieron la libertad de expresión y otros enfatizaron ciertas restricciones legítimas, como en los casos de racismo o causas de seguridad nacional), mantuvieron un diálogo sorprendentemente maduro. El nivel de consenso respecto a la igual aplicación de los derechos humanos dentro y fuera de internet también tomó a muchos por sorpresa. El nivel de interés es alto y la mayoría de las declaraciones y preguntas reflexivas de los gobiernos evidencian la calidad del debate. Los abordajes de los gobiernos fueron casi siempre medidos y prudentes y algunos de ellos realmente están luchando por encontrar el modo de dar cumplimiento a sus obligaciones de derechos humanos en la era digital. Esta es una buena señal que permite pensar que los gobiernos desean reflexionar cuidadosamente acerca de todo lo que implica la aplicación del marco de derechos humanos a los temas relacionados con internet y el posicionamiento estratégico en relación a esto.
La resolución sobre libertad de expresión e internet, actualmente anual, allana el camino para seguir construyendo y avanzar firmemente en la ampliación y profundización de las interpretaciones y compromisos de la campaña “Los derechos humanos también valen en internet”. Pero esto solo sucederá si se acompaña con acciones prácticas concretas para retener los derechos y libertades existentes en internet y restringir las violaciones. Hay que fomentar un consenso mayor entre los gobiernos sobre temas como el acceso a internet, la libertad de asociación en línea, las mejores prácticas de control y notificación de las violaciones de derechos relacionadas con internet, y hay que ampliar el foco desde los derechos civiles y políticos hasta todo el espectro de derechos sociales, culturales y económicos.
Se perderá la oportunidad sin ese seguimiento concreto. Algunos hechos preocupan, como el uso creciente del bloqueo de contenidos (véase, por ejemplo, el artículo [en inglés] donde se sugiere que los gobiernos seguirán actuando con mayor rapidez que la velocidad de respuesta del CDH y que este debe superar su retraso y acompasarse con el cambio). Un factor clave para contrarrestar esto y garantizar una acción de seguimiento positiva en el CDH de ONU por parte de los gobiernos, es que los grupos de la sociedad civil compongan una red sólida capaz de controlar, incidir y tomar medidas para subrayar la responsabilidad de los gobiernos en todo el ecosistema de gobernanza de internet.
Pero son pocas las voces de la sociedad civil en los debates del CDH y las que están presentes deben incidir con fuerza y organizarse bien para ser oídas. Incluso en los grupos de la sociedad civil, los procesos globales del CDH suelen restringirse a unos/as pocos/as, por lo general a aquellos/as que tienen recursos para asistir y trabajar sostenidamente con otros/as o a los/as que están físicamente presentes en Ginebra o Nueva York. Grupos como Forum Asia o “Reporteros Sin Fronteras”:http://en.rsf.org/ hacen un buen trabajo e incluyen cada vez que pueden los temas de derechos humanos relacionados con internet en su trabajo de incidencia en general. Pero la naturaleza abarcadora, compleja y apremiante de otros temas, en los que la mayoría de los grupos de derechos humanos centran sus acciones de incidencia, hacen difícil que muchos problemas relacionados con internet pasen a un primer plano. La realidad es que solo un puñado de grupos y redes específicos de internet están activamente comprometidos con el CDH y participan en él. Pero algunos tienen en cuenta estos desarrollos, los llevan a sus encuentros regionales y nacionales y llaman a la acción (ver, por ejemplo este artículo [en inglés]).
Los/as activistas de internet ven deteriorarse a diario sus derechos y libertades en línea. Una preocupación significativa en relación al CDH es que los gobiernos podrían asumir una posición que les permita usar el marco de los derechos humanos para arrogarse alguna autoridad moral o de otro tipo y tener así mayor control sobre la gobernanza de internet. Por ejemplo, si hacen valer el cumplimiento de su deber de responsabilidad de proteger los derechos de sus ciudadanos/as, los gobiernos tendrán mayor poder (sobre todo de decisión y control) cuando participan en los foros multisectoriales.
En ese aspecto, la fuerza de los procesos del CDH (construcción de consenso entre los gobiernos) es también su significativa debilidad. El CDH es un foro gubernamental, no multisectorial. Los grupos de la sociedad civil participan bajo condiciones muy estrictas y de acuerdo a reglas complejas. Un buen aporte técnico de la comunidad al CDH provino de “Internet Society”:http://www.internetsociety.org/ que hace poco que apunta al CDH.
El compromiso del sector privado ha sido muy limitado, en parte porque el CDH no suele permitir su participación y también porque tradicionalmente el sector privado evitó comprometerse con los derechos humanos. Pero además, fue deficiente la conexión entre las nuevas directivas sobre derechos humanos y negocios de la ONU [en inglés] y los debates del CDH sobre derechos en internet. Cada vez se pone más de relieve la aplicación inconsistente de políticas de internet relativas a las corporaciones del sector privado internacional. El sector privado deberá determinar cuál será su participación en los procesos del CDH para evitar una inminente crisis de confianza motivada por las preocupaciones del gobierno y la sociedad civil. Para los/as activistas de la sociedad civil, ese tipo de inconsistencias impidieron el rápido avance del CDH hasta la fecha, sobre todo cuando los organismos del sector privado aplican estándares individualmente, dentro de las fronteras nacionales y con métodos difíciles de impugnar por la sociedad civil, socavando el principio de universalidad de los derechos humanos.
Conclusión
Ha sido un año de prometedores sucesos: este año se intensificaron los debates intergubernamentales sobre internet y los derechos humanos, se apeló más a los derechos humanos para forzar a los gobiernos a responsabilizarse por las violaciones de los derechos. Los gobiernos que integran el CDH trataron los temas de internet mucho más rápido de lo previsto y lo más probable es que esa tendencia se acentúe. Pero los debates gubernamentales sobre internet y los derechos humanos deben dar participación a otras partes. Mientras eso no ocurra, la sociedad civil debe buscar dentro del CDH los puntos de entrada estratégicos para la incidencia y alentar a los demás a hacerlo. Debe hacerse un seguimiento del panel del CDH y actuar concretamente antes de la próxima resolución anual sobre libertad de expresión e internet. El próximo paso más efectivo sería la realización de un debate temático sobre acceso a internet desde el punto de vista de los derechos, que incluya el acceso a la infraestructura, a contenidos diversos y para los diferentes grupos marginados.
Foto por Scazon. Usada con permiso bajo la licencia de Contenido Creativo 2.0.