Las casi dos semanas de protestas en Ecuador contra las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno, que culminaron hace apenas unos días con la derogación del decreto que diera origen a las protestas, fueron también el escenario de una serie de incidentes de disrupción al libre flujo de las comunicaciones y la información en internet. Según reportes de la organización Usuarios Digitales, servicios como WhatsApp y Twitter presentaron fallas en la descarga de videos e imágenes. Esta información fue reforzada a través del reporte publicado por la organización Netblocks, que señaló que los servidores de imágenes y contenido (CDN) de Facebook y WhatsApp estuvieron inaccesibles a través del operador de telecomunicaciones estatal -Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)- desde la noche del 6 de octubre, en momentos durante los cuales las redes sociales veían aparecer imágenes y videos de la represión de las protestas y de la muerte de uno de los manifestantes.
La práctica de restringir el flujo de discurso y contenido multimedia durante protestas, especialmente en contextos de represión contra manifestaciones con carácter social y político, se ha presentado en la región en casos muy puntuales pero también sumamente preocupantes como son Venezuela y Nicaragua. En Venezuela, los bloqueos intermitentes de redes sociales se han vuelto una práctica constante -tal como ha reportado incansablemente la organización Venezuela Inteligente mediante su proyecto VESinFiltro – en combinación con bloqueos permanentes a medios de comunicación específicos:
Además de bloqueos indefinidos a medios hemos reportado el uso de bloqueos cortos y tácticos a algunas plataformas claves como Twitter, Youtube, Instagram, Periscope y también sitios como el de CNN en Español. (…) Mediante el monitoreo de internet que realiza VE sin Filtro, conocemos de más de 20 medios de comunicación bloqueados de forma indefinida al momento de esta publicación. (Andrés Azpúrua para VESinFiltro)
En Nicaragua, según Netblocks, los cortes intermitentes de internet estuvieron presentes durante las protestas de 2018 y 2019 mediante “apagones” completos del internet en regiones específicas, que muestran una “fuerte correlación” entre los momentos de las disrupciones y apagones de la red y los momentos en que tenía lugar la represión de civiles. Lo anterior sugiere que estas medidas buscan ahogar el flujo de información durante los momentos clave de las protestas. Cabe recordar que situaciones similares se han presentado también en Venezuela, siendo quizá la más memorable el “apagón” de internet en el estado Táchira durante las protestas de 2014, que duró más de 36 horas y tuvo lugar en la zona más álgida de protestas durante el momento de mayor represión.
En todos los casos mencionados, los bloqueos y restricciones en el acceso a internet se han visto acompañados de otras medidas y ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación tradicionales, marcando el debilitamiento del ecosistema de la información y la comunicación y - como consecuencia inevitable - el socavamiento del entorno democrático. En este contexto, el uso de las redes sociales como herramienta para la protesta y la participación política cobra particular relevancia al convertirse en una avenida alternativa para el ejercicio de las libertades civiles y políticas.
Aunado a esto, según un reporte de la Global Network Initiative, un país con conectividad alta puede perder al menos 1,9% de su PBI por cada día que los servicios de internet se ven afectados, un costo que equivale a 1% en el caso de un país de conectividad intermedia y 0,4% en un país de conectividad baja. Es decir, las disrupciones de la conectividad no afectan solo los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de un país, sino que minan los derechos económicos y sociales colectivos, una preocupación especialmente grave en países en vías de desarrollo y en democracias frágiles y emergentes. Según la herramienta COST, desarrollada por Netblocks para medir el costo financiero de los apagones y bloqueos a internet, Venezuela ha perdido en total USD $402.803.069 a causa de los apagones, mientras que Ecuador ha dejado de percibir USD $82,146,854 y Nicaragua USD $4,724,285.
Ya en 2016, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró que las medidas intencionales para evitar o interrumpir el acceso o la diseminación de información en línea constituye una violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, la OEA ha repudiado de manera específica “los apagones y disrupciones arbitrarias para restringir el acceso a las redes de telecomunicaciones e internet”.
Queda claro que este tipo de medidas dejan de manifiesto una intención de restringir la libertad de expresión e información de manera desproporcionada e ilegítima, una decisión que es por completo incompatible con el debido funcionamiento de una democracia.