En 1995 Camerún inició un proceso de reestructura del sector de las telecomunicaciones. Teniendo en cuenta su posición entre los países menos conectados de África (en 179º lugar entre 206 países clasificados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones), se estableció la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (ART) para garantizar una competencia saludable entre operadores en el momento de esta reestructura.
Esto debía permitir la entrada de nuevos operadores al mercado, lo que teóricamente debía bajar los precios y mejorar de la calidad del servicio. Sin embargo, la mayoría de la población sigue hoy por hoy sin poder acceder a navegar libremente por internet o realizar llamadas prolongadas, o de larga distancia, desde su línea telefónica fija o móvil.
Durante las reformas llevadas a cabo entre 2002 y 2008 se otorgaron 123 patentes de operación de red, 53 de ellas para redes públicas abiertas, 70 para redes privadas independientes y unas cincuenta para proveedores de internet reconocidos. No obstante, esta multitud de licencias y operadores no trajeron la muy anunciada reducción de precios que los cameruneses están esperando.
Puertas abiertas a los operadores informales
En Camerún es bajo el nivel de cobertura nacional por las redes de telefonía fija, cuyo monopolio está en manos de CAMTEL, el operador nacional tradicional. Un informe de PROTÉGE QV, ONG camerunesa que trabaja en el área de las TIC, revela que “menos de 2% de los/as cameruneses/as tienen una línea telefónica fija, a raíz del inadecuado suministro de líneas (175 000), del degradado estado de la infraestructura, la burocracia y el elevado costo de instalación (100000 CFA USD 200, para líneas comerciales y 40000 CFA USD 80 para líneas residenciales).” Ni siquiera marchó bien el teléfono CT Phone, que utiliza CMDA (tecnología que permite varias llamadas simultáneas en una misma conexión, y por eso es más barata), y la infraestructura de la red CT Phone, que cubre 48 áreas, todavía está en obra.
El servicio de telefonía móvil es de baja calidad. Las redes están frecuentemente ocupadas y saturadas, especialmente en ciudades grandes como Douala y Yaoundé, y los costos de comunicación son muy altos. Una llamada desde operadores concesionarios como MTN u Orange a otra red puede costar unos USDUSD 40 el minuto. Estos elevados costos de comunicación y la baja calidad de los servicios allanaron el camino al surgimiento de operadores ilegales, que cobran la mitad que las redes oficiales. Podrán ser ilegales, pero esos proveedores piratas están contribuyendo mucho a bajar el precio de acceso a internet hasta un nivel que concuerda con el bolsillo los y las camerunenses. En un país donde 48% de la población vive con menos de un dólar por día la comunicación es un lujo que muchos no pueden solventar.
La situación de internet no es muy distinta. El monopolio CAMTEL empezó a proveer acceso a internet en 1998. Si bien el acceso por banda ancha mejoró desde 2005, gracias a la utilización de fibra óptica y el enganche al cable SAT 3/WASC, el desarrollo del sector se ha visto enlentecido por el penoso estado de la infraestructura de red de telefonía fija, descuidada durante años, así como por una baja velocidad de despliegue de fibra óptica. Como resultado de esto, la solución más accesible para la mayoría son los cibercafés. Una hora de uso de internet oscila entre USD 0.60-2.00, y promedia USD 1.00 por hora en las áreas rurales más pobres.
Dado que CAMTEL y la ART limitan el número de competidores mediante licencias caras (c generando así precios altos para el público), los operadores informales siguen brindando una solución accesible a las necesidades de comunicación de los cameruneses. Pero hay desventajas: esos operadores no oficiales utilizan VSAT para brindar acceso a internet, exponiendo a los/as usuarios/as a un equipamiento cuya calidad y funcionalidad no han sido controladas. Los equipamientos no regulados pueden redundar en un servicio deficiente. Operar clandestinamente ocasiona también importantes pérdidas de ingresos por impuestos para el gobierno, así como pérdidas por licencias impagas.
Los proveedores registrados ofrecen los servicios clásicos (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.) por un costo de suscripción a la red de alrededor de USD 90 y una cuota de unos USD 50 mensuales, a cambio de una conexión inestable de calidad dudosa. Si bien los servicios que ofrecen son más accesibles, sus costos siguen siendo altos para los y las cameruneses.
Un Fondo Especial de Telecomunicaciones, financiado por los operadores registrados y varias otras fuentes, se implementó en 2002. Su propósito es movilizar fondos sustanciales para mejorar el acceso universal, pero hasta el momento no ha sido muy exitoso. No siempre es fácil hacer que los operadores de telecomunicaciones, que luchan por imponerse, colaboren, ya que se trata de pagos son voluntarios. Y tampoco es responsabilidad exclusiva de los operadores: la agencia reguladora también es responsable del estado actual de las telecomunicaciones a nivel nacional, e incapaz de cumplir objetivamente su función regulatoria.
La laguna legal de la agencia regulatoria
Parece que la ART, gestionada por el Ministerio de Telecomunicaciones, MINPOSTEL, no tiene los medios (autoridad, independencia, o recursos) para desempeñar a pleno su función regulatoria, función que debería incluir el control de los costos de los servicios. La función principal que se asignó a la ART es la de gestionar la competencia, monitorear la producción y provisión de servicios de calidad, y proteger a los/as consumidores/as. Si bien estas funciones justifican su autonomía de decisión y operativa, PROTÉGÉ QV cuestiona la independencia de ART respecto al gobierno y a CAMTEL. El director de ART es nombrado por el Presidente de la República, y la mayoría de los directores y gerentes son representantes del gobierno.
PROTÉGÉ QV se pregunta: ¿realmente podrá manejar los problemas entre operadores con independencia y justicia, sobre todo cuando el operador público, CAMTEL, se encuentra bajo la misma supervisión?”
Además, las diversas leyes y regulaciones para el sector llevan a confusión acerca de las funciones de los distintos actores. La ley da a CAMTEL un monopolio en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, y a MINPOSTEL la responsabilidad para estudiar e implementar (o garantizar la implementación de) equipamiento e infraestructura de telecomunicaciones. Esto significa que las dos funciones distintas están principalmente bajo la supervisión de un solo actor.
A esto se agrega la ausencia de mención a la conectividad transfronteriza o al acceso a internet. Esto quiere decir quelos negocios y transacciones en línea no están regulados, lo cual es realmente un problema mayor si se tiene en cuenta el creciente papel que desempeña internet en el desarrollo de actividades económicas en todo el mundo. Según PROTÉGÉ QV, “esta deficiencia legal deja a la autoridad a cargo del sector en una posición muy incómoda, en especial cuando enfrenta una elevada demanda de licencias para proveer servicios como internet móvil, voz y televisión por IP, y Wi-max”. La ART, entonces, se encuentra en un vacío legal y las reformas, cuya intención era promover el acceso universal y consecuentemente el desarrollo económico y social del país, permanecen inefectivas.
Photo: Gasti via Flickr