Los gobiernos del mundo se comprometieron a construir “una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo” en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005) auspiciada por la ONU. Han pasado casi diez años y el desarrollo centrado en las personas no figura como prioritario en las políticas de la sociedad de la información: las políticas que determinan cómo y dónde las personas acceden a internet; qué contenidos pueden descargar o crear; cuánto pagan por acceder a ellos; y el grado de libertad que tienen para expresar sus necesidades y exigir justicia social en internet. En cambio, otras dos preocupaciones parecen estar a la vanguardia de la mayoría de los procesos de políticas de internet: internet como plataforma para obtener beneficios y una plataforma que los gobiernos necesitan “controlar” porque temen que sea “mal usada”.
Durante el proceso de la CMSI, APC y otras organizaciones de la sociedad civil se movilizaron intensamente a favor de un enfoque centrado en los derechos de la comunicación en el marco de la campaña Derechos de la comunicación en la sociedad de la información (CRIS, por su sigla en inglés), que influyó directamente en los resultados de la cumbre. En la actualidad, muchas de esas organizaciones están trabajando en áreas específicas como privacidad, propiedad intelectual, género, código abierto, etc. Deben lidiar con la inmediatez de las amenazas constantes a los derechos de la comunicación en su área específica. Por tal razón, se ha hecho muy poco para reflexionar sobre la situación de la agenda de los derechos de la comunicación más amplios e inclusivos promovida por la red de organizaciones de la sociedad civil que surgió de la CMSI para ampliar y difundir el trabajo de la campaña CRIS.
Diez años más tarde las organizaciones que trabajan sobre los derechos de la comunicación están fragmentadas y no trabajan juntas; y, en su mayoría, los compromisos oficiales se quedaron en el papel. En respuesta a la oportunidad presentada por la revisión oficial de la CMSI+10, este proyecto abordará estos dos problemas involucrando a organizaciones y activistas participantes tanto de la CMSI como de la campaña CRIS y llevará a cabo una evaluación colectiva de la situación actual de los derechos de la comunicación.