En el contexto del Foro de Gobernanza de Internet 2017 y los crecientes debates internacionales sobre las denominadas “noticias falsas”, las organizaciones abajo firmantes desean expresar su gran preocupación acerca de los posibles caminos que se están tomando en el tema.
La terminología ha sido ampliamente difundida en retóricas del Norte global, pero no podemos importar tal concepto sin tener en cuenta la larga historia de concentración y manipulación de los medios en la región de América Latina y el Caribe. Legitimar el término como una novedad es distorsionar la naturaleza del problema, tal como afirmó Frank La Rue durante el Foro de Gobernanza de Internet en Ginebra:
"No me gusta el término «noticias falsas» porque creo que hay un poco de trampa en el mismo. Estamos enfrentando campañas de desinformación. Entonces deberíamos hablar de información y desinformación (…) Están tratando de disuadirnos de leer noticias y pensar”.
Las campañas de desinformación han sido una estrategia de los monopolios mediáticos tradicionales para amenazar y desmantelar las democracias durante años. No podemos desconocer años de debate y trabajo del movimiento por la democratización de las comunicaciones y adoptar la terminología de “noticias falsas” como un fenómeno completamente nuevo en América Latina. Desconocer nuevos y viejos desequilibrios de poder relacionados con la concentración de la propiedad de los medios, monopolios en redes sociales y los intereses políticos de los Estados nacionales para controlar y manipular el discurso –dentro y fuera de sus fronteras– abre el paso a consecuencias desastrosas.
En última instancia, nos preocupa que la adopción de esa terminología y las formas propuestas de repararlo eventualmente conduzcan a:
a) Empoderamiento de los monopolios mediáticos tradicionales en detrimento de los medios independientes, medios comunitarios y voces críticas independientes, como si fueran los únicos facultados oficialmente para la verificación de hechos. En América Latina prolifera una tendencia que podría escalar de la misma manera que ha ocurrido con la persecución a las radios comunitarias.
b) Abrir un espacio para la vigilancia, manipulación de contenidos y censura desde plataformas. Ya hemos visto a plataformas de redes sociales posicionándose a sí mismas y probando herramientas para clasificar (y bloquear) lo que es “falso” de lo que es “real” y “confiable”. Cualquier disposición sobre responsabilidad de intermediarios nunca debería implicar la necesidad de este tipo de actividad. Además, las alianzas de comprobación de hechos pueden no ser transparentes o tener en cuenta que operamos en un contexto en el que las plataformas tienen un poder sustancial para manipular sus algoritmos no transparentes, con el fin de priorizar determinados tipos de contenido. Eso también sería igualmente engañoso e incluso más dañino y oscuro, ya que no estaría sujeto a ninguna supervisión. Esta tendencia se vuelve aún más preocupante en el contexto de las elecciones regionales.
c) Fomentar la vigilancia y la censura desde los gobiernos. Ya hemos visto iniciativas problemáticas y una proliferación de leyes que apuntan a un monitoreo activo y regulación del discurso en línea y la delegación de verificación de hechos a las autoridades, debilitando así el papel de guardianes de los medios independientes. Por ejemplo, Brasil acaba de establecer un consejo gubernamental compuesto, entre otros, por representantes del Ejército y la Agencia de Inteligencia para monitorear “noticias falsas” durante las elecciones y crear proyectos de ley con la intención de definir “noticias falsas” como “falsas y de contenido incompleto”.
Frente a este escenario, estamos profundamente de acuerdo con otra preocupación también expresada por Frank La Rue:
“El problema nuevamente es que las noticias falsas se convierten en una excusa perfecta para silenciar o apagar cualquier alternativa o voz disidente”.
Por lo tanto, reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e inspirados en parte por la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y “Noticias Falsas”, Desinformación y Propaganda, quisiéramos reforzar los siguientes principios, para guiar futuras conversaciones sobre la diseminación de (des)información en los entornos digitales:
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El derecho humano a difundir información protege ideas que pudieran conmocionar o perturbar, pero no se limita a “declaraciones correctas”. Esto sin embargo “no justifica la diseminación intencional o imprudente de declaraciones falsas por parte de agentes oficiales o estatales”, ni de actores privados poderosos y organizados.
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“Los Estados solo pueden imponer restricciones al derecho a la libertad de expresión de conformidad con la prueba de tales restricciones en virtud del derecho internacional, a saber: que estén previstas por la ley, sirvan a uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y sean necesarias y proporcionadas para proteger ese interés”.
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“Las prohibiciones generales sobre la difusión de información basada en ideas vagas y ambiguas, incluidas «noticias falsas» o «información no objetiva», son incompatibles con las normas internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”;
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Es necesario considerar varias formas de desinformación en este debate, que van desde noticias sin ninguna base fáctica, creadas intencionalmente para engañar (por razones políticas o económicas) hasta información descontextualizada o desbalanceada. La identificación de falsedad en el primer caso difiere de las demás.
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Los Estados e Intermediarios deben abstenerse de tomar “medidas para limitar el acceso o la difusión de contenido digital, incluso a través de procesos automatizados, como algoritmos o sistemas de eliminación de contenido basados en reconocimiento digital, que no son de naturaleza transparente, que no respetan mínimas normas del debido proceso y/o que restringen indebidamente el acceso o la difusión de contenido”.
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Los Estados e Intermediarios deberían comprometerse en esfuerzos para garantizar una información clara y completa sobre la publicidad política pagada a través de Internet y promover la transparencia algorítmica.
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Todas las partes interesadas deberían promover una alfabetización digital y de medios, así como un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluyendo la diversidad de medios, que resulta clave para abordar la desinformación y la propaganda. En las sociedades democráticas, la confrontación de ideas y la existencia de debates abiertos y plurales es lo que puede combatir la desinformación.
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Todas las partes interesadas deberían “considerar otras medidas para promover la igualdad, la no discriminación, la comprensión intercultural y otros valores democráticos con miras a abordar los efectos negativos de la desinformación y la propaganda”.
Ginebra, Diciembre, 2017.
Firmas:
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Coding Rights, Brazil
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Intervozes, Brazil
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Fundación Karisma, Colombia
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Hiperderecho, Peru
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R3D, México
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IPANDETEC, Panamá
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Acoso Online, Chile
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PROTESTE Consumers Association, Brazil
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Internet Without Borders, Brazil
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Tedic, Paraguay
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Casa da Cultura Digital Porto Alegre, Brazil
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Derechos Digitales, América Latina
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Association for Progressive Communications (APC)
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ARTICLE19 Oficina para México y Centroamérica
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Actantes, Brazil
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Electronic Frontier Foundation (EFF)
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Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital, México
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Igarapé Institute, Brazil
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Instituto Nupef, Brazil
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Fundación Datos Protegidos, Chile
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Enjambre Digital, México
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Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia - Observacom
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Institito de Referência em Internet & Sociedade - IRIS, Brazil
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Agencia Latinoamericana de Información - ALAI
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Asociación por los Derechos Civiles, Argentina
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Instituto Demos, Guatemala
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Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itarare, Brazil
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Movimento Mega Não, Brazil
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Instituto Bem Estar Brasil
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LAVITS_Rede latino-americana de estudos em vigilância, tecnologia e sociedade
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SOCICOM - Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicações
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UBM - União Brasileira de Mulheres
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Nodo TAU, Argentina
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SonTusDatos (Artículo 12, A.C.), Mexico
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Coolab, Brazil
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IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
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Sulá Batsú Cooperativa, Costa Rica
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Usuarios Digitales, Ecuador