En Venezuela, en las últimas décadas, se han elaborado proyectos, programas y planes sobre políticas conducentes a garantizar el acceso equitativo, accesible y sostenible a internet de la población excluida digitalmente, considerando su ubicación geográfica, género, estrato social, discapacidades o identidad.
Estas iniciativas se han fundamentado en las líneas estratégicas establecidas en los Planes de la Nación, que teóricamente buscan establecer una sociedad igualitaria y justa. Sin embargo, desde mediados del 2016, el gobierno ha implementado una serie de medidas económicas, sociales y políticas, producto del estado de excepción promulgado en el decreto presidencial N° 2323, del 13 de mayo de 2016.
Particularmente, el derecho de acceso a internet, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad pueden ser vulnerados por cuanto el decreto contempla, entre otras, conformar estructuras organizativas que regulen de manera contundente el sistema de tecnologías de la informática y el ciberespacio en Venezuela.
EsLaRed llevó adelante este informe con ayuda de un subsidio otorgado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida).