El acceso a internet es fundamental para responder globalmente a la pandemia de COVID-19 de manera informada, cooperativa y centrada en la gente. El rol de internet es clave dado que habilita el flujo de información y permite dar apoyo a las comunidades en tiempos de crisis, además de ser un componente esencial en cualquier plan de gestión de desastres. Mientras el virus deja a la vista inequidades estructurales devastadoras en todo el mundo, comienza a adquirir sentido la sensación de comunidad y de resiliencia colectiva, a la vez que crece su importancia. Internet forma parte de esa resiliencia emergente, y es por ello que requiere protección en calidad de bien público, defendiendo los derechos humanos en línea en todas y cada una de las respuestas ante la crisis.
Este documento de posición presenta las reflexiones actuales de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) acerca de la pandemia. Se identifican varios puntos claves y vinculados entre sí que requieren la atención de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
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La exclusión digital vuelve más vulnerables a los/as vulnerables
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La importancia de defender los derechos humanos en línea
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Perspectiva feminista para responder y transformar
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Estimular la atención a la acción climática y las tecnologías sustentables
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Intensificar inclusión y conectividad, fortaleciendo nuestros movimientos
Resumen de recomendaciones planteadas en este documento
Los puntos siguientes requieren la atención inmediata de los gobiernos, actores del sector privado y la sociedad civil para responder a la pandemia de COVID-19:
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Es esencial que los gobiernos respeten los derechos humanos, justifiquen cualquier limitación impuesta y no socaven los fundamentos democráticos de la sociedad. Las medidas que se adopten en respuesta a la crisis deben ser proporcionadas y no restringir los derechos humanos innecesariamente.
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Internet es un recurso público global que debe gobernarse como bien público global. En el contexto de la pandemia, debe reforzarse el carácter público de internet y el fondo comunal digital global.
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Los actores de los gobiernos y el sector privado deben dedicarse urgentemente a desarrollar estrategias que incrementen el acceso a internet de las comunidades digitalmente excluidas o de quienes tienen una conectividad limitada. En el corto plazo se debe reducir el costo de la trasmisión de datos, habilitar espacios públicos de Wi-fi libre, y disminuir o subsidiar el costo de los dispositivos de acceso. Las directivas políticas también deberían modificarse para apoyar una rápida mejora de las redes comunitarias.
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A fin de que internet sea realmente un territorio de resiliencia y conexión, debe ser un espacio seguro para todas las personas. Por lo tanto, nunca será redundante insistir en la importancia de una internet feminista.
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Los donantes y las organizaciones de la sociedad civil tendrán un rol fundamental en la implementación de estrategias que apunten a minimizar la angustia que genera la necesidad de tener un rendimiento competitivo en el área laboral, junto con la invisibilidad y la ausencia de salario por el trabajo doméstico.
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Debe reforzarse el derecho a la privacidad en la implementación de cualquier tecnología o de otras soluciones de vigilancia y rastreo que se utilicen para gestionar la pandemia. El sector privado también tiene la obligación de garantizar que la rápida adopción de sus aplicaciones respete la privacidad y esté libre de vigilancia. Las medidas adoptadas por los gobiernos que tengan impacto sobre la privacidad deberán ser claramente comunicadas a la población.
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Deben salvaguardarse la libertad de expresión y el acceso a la información. Las desconexiones de internet y otras restricciones del acceso a la red no deberían considerarse respuestas válidas frente a la crisis en ninguna circunstancia. Debe evitarse la censura de con- tenidos y la penalización por desinformación, a la vez que se fomentan prácticas de verificación de contenidos. Si bien es cierto que hay que atender los derechos laborales de las personas que trabajan en el área de contenidos, también hay que prestar atención a las restricciones que pueden surgir con la moderación automatizada de contenidos en lo referido a información sobre salud y libertad de expresión.
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Debemos repensar de manera crítica nuestra idea del desarrollo sustentable y qué lecciones extraer de la pandemia en cuanto a cambios en el trabajo y la conducta social. Debe renovarse el activismo en políticas de tecnologías de información y comunicación (TIC) para promover soluciones tecnológicas seguras para el medio ambiente y que sirvan para frenar la crisis climáti- ca y ambiental.
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El modo en que los movimientos feministas, ambientalistas y defensores de los derechos digitales ocupan el espacio digital será un factor determinante en la forma en que la gobernanza de internet resuelva los desequilibrios de poder en el futuro. Durante esta crisis, sigue siendo necesaria la participación y la inclusión de todas las partes interesadas en los procesos de toma de decisión sobre políticas de internet.
Descarga el documento de posición aquí.
Más información: APC ha recopilado una lista de recursos sobre defender los derechos humanos en tiempos de crisis que se puede consultar aquí.