El acceso masivo a las nuevas tecnologías y la cultura del descarte, dos rasgos clave de las sociedades ultracapitalistas del siglo XXI, se han unido para engendrar un nuevo fenómeno socioambiental: los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (Raee) o “chatarra electrónica”, un concepto que cubre la basura generada por el descarte de electrodomésticos (heladeras, lavarropas, tostadores etc), computadoras y teléfonos celulares y otros aparatos como televisores y bombitas.
El consumo de ese tipo de aparatos, en su enorme mayoría diseñados para que duren un tiempo determinado y luego dejen de funcionar (principio de obsolescencia) es cada vez mayor, lo que genera un aumento incesante del volumen de residuos.
Según datos de la Asociación para el estudio de los Residuos Sólidos (ARS) el total de desechos electrónicos en el mundo pasará de 41.800 kilotones (miles de toneladas) en 2014 a 49.800 kt en 2018, un aumento anual del 5 por ciento.
El escenario es aún más preocupante en América Latina, donde se estima que en ese lapso se pasará de 3.900 a 4.800 kt, lo que supone un incremento anual del 6 por ciento, o sea mayor a la tasa de crecimiento global.
Esto se agrava por el hecho de que hasta ahora en la mayoría de los países de la región existen vacíos legales respecto a la gestión de los Raee, según especificó la experta Leila Devia del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).
Estas deficiencias normativas, sumadas a la ausencia de políticas de responsabilidad extendida del productor (REP), al desconocimiento de la gestión de los Raee y a la muchas veces escasa disponibilidad de la tecnología y transferencia completan un cuadro más bien oscuro.
En Argentina el problema es creciente: mientras que cada ciudadano generaba alrededor de 8,5 kilos de Raee por año en 2010, esa cifra se casi duplicará para llegar a 15 kilos en 2025.
El país todavía no cuenta con marcos normativos claros ni políticas públicas específicas que distribuyan responsabilidades sobre el destino final de esos residuos, y que a su vez sirvan para afianzar sistemas de gestión eficaces y sustentables tanto desde lo ambiental como desde lo económico.
En Santa Fe existen procedimientos de descarte de equipos informáticos dentro de las estructuras del Estado, pero falta avanzar con una legislación que cubra el ámbito público de la basura electrónica ciudadana.
Rosario, por su lado, ha avanzado más que otras ciudades de la zona y cuenta desde hace cinco años con lugares específicos para disposición de computadoras en desuso (se juntaron 7.000 aparatos en 2016), que luego son derivadas a un centro de reciclado donde trabajan jóvenes de la zona de Molino Blanco
En todos los casos, el camino del reciclado de la chatarra electrónica todavía tiene un camino largo por delante en Argentina, donde los componentes más valiosos se exportan y donde aún falta conciencia de la oportunidad de generación de valor y empleo que significa el sector.╠
Escenario regional
América Latina es la cuarta región que más basura electrónica produce a nivel mundial (6,6 kilos por persona por año), muy por debajo de Europa (15,6), Oceanía (15,2) o América del Norte (12,2) pero muy por encima de Asia (3,7) y Africa (1,7).
Brasil y México, en ese orden, explican casi las dos terceras partes de la basura electrónica “latina”, mientras que Argentina viene en el tercer lugar con un volumen estimado en alrededor de 340 kilotones anuales.
El incremento constante de los volúmenes de Raee significa que la basura electrónica cada vez representará un porcentaje mayor de los residuos sólidos urbanos, generando nuevos problemas y desafíos, pero también nuevas oportunidades económicas y laborales si se habilitan normativas adecuadas y se dispone de un sistema de gestión de estos residuos que privilegie el reciclaje.
Todavía queda mucho por hacer: según Greenpeace, la mitad de los residuos electrónicos se acumulan en casas particulares, oficinas o depósitos; otro porcentaje estimado en un 40% se entierra o va a parar a basurales y apenas un 10% ingresa en circuitos formales o informales de reciclaje.
En ese punto aparece uno de los mayores problemas: su nivel de reciclaje todavía es muy bajo, un dato clave si se tiene en cuenta que una cuarta parte de los componentes de los Raee descartados podría volverse a usar, al tiempo que un 72% de sus materiales (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, etc) son reciclables.
Las computadoras están entre los aparatos más fáciles de reciclar ya que pueden volver a usarse hasta el 90% de sus componentes.
El nulo o muy escaso reciclaje de basura electrónica tiene altos costos económicos que van desde la necesidad de mantener rellenos sanitarios en constante crecimiento a los costos de depuración asociados a la presencia de metales como el plomo.
El enorme y evitable gasto energético que significa volver a extraer esos materiales y la creación de fuentes de trabajo que podría significar una gestión de residuos adecuada (se calcula que cada 1000 toneladas de Raee podrían significar hasta 200 empleos) agregan argumentos a favor de políticas claras que sepan entender este fenómeno.
Por último, al sinsentido económico que significa tirar a la basura materiales que podrían volverse a usar a un costo mucho menor al de su extracción hay que sumarle el daño ambiental que algunos de los componentes de esos aparatos generan.
Según los expertos el 3% de los elementos de la basura electrónica es potencialmente tóxica, lo que incluye materiales conocidos como el plomo y el mercurio y otros menos difundidos como el berilio, el selenio o el cadmio, entre muchas otras.
Nuevas posibilidades
A pesar de sus problemas, la chatarra electrónica también puede ser aprovechada para generar beneficios económicos, sociales y ambientales, una posibilidad que puede resumirse bajo el concepto de “minería urbana”.
La minería urbana busca recuperar en los aparatos desechados elementos, en particular minerales, de alto valor como oro, plata, cobre y aluminio, teniendo como premisa que la posibilidad de recuperarlos es mucho más económica y ecológica que su extracción en origen.
Pero para que exista una buena gestión de residuos electrónicos deben respetarse algunos pasos previos. Uno de ellos es poner en practica a través de legislación específica lo que se denomina responsabilidad extendida del productor, una idea que significa que los fabricantes de productos electrónicos deben asumir su parte y ayudar a encontrar soluciones al mismo tiempo.
De existir una ley así (que fue propuesta, debatida y rechazada por el Congreso hace algunos años atrás, y que ahora un sector del gobierno quiere relanzar) los fabricantes estarían obligados a trabajar con diseños “verdes” que permitirían reducir el uso de materias primas peligrosas y mejorar los niveles de reutilización y reciclaje.
Para que un sistema de gestión de Raee sea efectivo y sustentable deben comprometerse los estados, las firmas productoras y los mismos ciudadanos entre otros actores bajo los parámetros fijados por el convenio de Basilea.
Esto significa criterios claros para la medición de la cantidad y calidad de la basura electrónica, la asignación de responsabilidades a todos los actores involucrados, el desarrollo de capacidad técnica para manejar esa basura y el desarrollo de mercados de valorización de lo producido. Todo junto a la implementación de un sistema de incentivos y cargas que el sistema sea sustentable.
Estado si, Estado no.¿En qué medida el Estado debe involucrarse en la gestión de los Raee? ¿Es un negocio demasiado caro para las tratadoras sin aportes o ayudas estatales?
Según el especialista en gestión ambiental Gustavo Fernández Protomastro lo más caro en la gestión de los Raee es su recolección, o sea “retirar los 8 kilos” por habitante por año que generamos los 43 millones de argentinos de nuestros hogares, oficinas, comercios e industrias”.
El mayor costo es, entonces, lo que se denomina la “logística inversa”. Una vez los residuos en las plantas de reciclado comienzan a generarse utilidades al partir del recupero de piezas o equipos, o de la separación y valorización de metales ferrosos (hierro), no ferrosos (cobre, aluminio, latón), plásticos y materiales compuestos.
Según Fernández Protomastro, como sólo los costos del recupero y reciclado no pagan la gestión es recomendable que el Estado participe en la gestión de éstos residuos “como sucede con todos los demás residuos de gestión universal”.
Pero no sólo el Estado debe involucrarse: también deben asumir responsabilidades los fabricantes y grandes generadores/usuarios de aparatos electrónicos, que deberían pagar por la gestión de residuos al final de la vida útil de esos equipos.
“Debemos lograr una norma que involucre a consumidores finales, grandes usuarios, municipios, recolectores de residuos, recicladores, los fabricantes y la cadena comercial de los aparatos electrónicos en la gestión de Raee, porque son un problema que generamos todos y por ende en la solución debemos participar todos”, sintetizó el especialista, para quien la ecuación puede resumirse así: “ni mano libre del mercado ni obligación compulsiva a fabricantes. La solución está en la responsabilidad compartida”.
Santa Fe
La provincia todavía tiene pendiente la elaboración y aprobación de una normativa para uso ciudadano de la gestión de los residuos electrónicos, aunque sí ha avanzado con reglamentaciones dentro del propio Estado para garantizar un destino final apropiado del Raee.
Así lo explicó Diego Gismondi, subsecretario de Innovación Pública de Santa Fe, quien adelantó que desde esa cartera tienen previsto enviar hacia mediados de este año un proyecto a la legislatura para dar amparo normativo y un marco general a los diferentes programas municipales que existen en territorio santafesino.
Santa Fe cuenta con un procedimiento que llevó a que cada ministerio cuente con una sectorial de informática, que es la que recibe los pedidos de descartes de aparatos electrónicos rotos o vetustos. Allí se revisan los equipos y se los envían a la secretaría de Tecnología, donde son dados de baja.
Luego son llevados a un depósito seguro en Recreo donde los Raee se almacenan hasta alcanzar cierto volumen. En ese momento se realiza una licitación para que una empresa los recoja, realice el tratamiento correspondiente y certifique un camino de reciclaje con un destino final seguro.
En la columna del debe está la elaboración de una norma para residuos ciudadanos. Según Gismondi, es algo complejo ya que cada municipio tiene su propio plan de gestión de residuos, aunque adelantó que desde la Provincia están avanzando en la puesta en práctica de un marco normativo general para lo cual van a abrir un debate amplio con otros actores que trabajen sobre el tema.
Rosario
La ciudad cuenta desde 2011 con un programa destinado a la recolección de equipos informáticos en desuso para particulares que el año pasado terminó con 7.600 aparatos juntados.
“Es un plan para vecinos, no para empresas. La idea es generar una mayor conciencia sobre lo que consumimos y brindar un canal para solucionar la disposición final de esos equipos” explicó Agustina Rodríguez, de la dirección de Gestión Integral de Residuos de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal.
Desde 2014, mediante un trabajo en conjunto con la subsecretaría de Economía Social, esos artefactos se destinan al emprendimiento Reciclados Electrónicos, donde se capacita a jóvenes de la zona de Molino Blanco en el reciclado de estos residuos para su posterior reinserción en el mercado.
Los jóvenes realizan una primera selección, identifican equipos que podrían volver a funcionar y lo demás se desarma: plásticos, cables, metales, cobre, aluminio etc.
Lo que no logra reciclarse es recolectado por una empresa habilitada que se encarga de su disposición fina