Como parte del reclamo sostenido de APC a que se respeten los derechos dentro y fuera de línea de las personas que se manifiestan en Colombia, y en absoluto rechazo a la represión a la protesta de parte del Estado Colombiano, publicamos este valioso documento elaborado por el Centro de Autonomía Digital (CAD). El documento reúne recomendaciones respecto a tecnologías para evitar la censura y enlaces que invitan a entender cómo usar de forma segura las herramientas propuestas.
En los últimos días el mundo ha sido testigo de las grandes manifestaciones en Colombia y la brutal represión que se ha desatado con el fin de apagar la protesta legítima de millones de personas. A lo largo y ancho de la región y a nivel global, la receta para controlar y apagar la protesta social es casi siempre la misma: el despliegue de la fuerza pública para el sometimiento de manifestantes y la protección de bienes públicos y privados; pero además de ello, con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad, la censura en entornos digitales es una tendencia peligrosa que cada vez gana más fuerza y se diversifica en dependencia de las circunstancias.
En el marco de las manifestaciones por el Paro Nacional en Colombia, existen numerosos reportes que dan cuenta de apagones de internet, como en el caso de Cali, en donde el fenómeno ha sido atribuido a supuestas fallas en los cables submarinos Arcos y Maya. Llama la atención que sea precisamente Cali, uno de los lugares en donde se han reportado gran parte de los casos de abuso por parte de la fuerza pública en contra de manifestantes y es de ahí, precisamente, de donde provenían los reportes ciudadanos y denuncias que no tardaron en viralizarse en el mundo entero.
Asimismo, existen numerosas denuncias que hacen referencia al bloqueo de transmisiones en vivo desde la primera línea por parte de determinados proveedores de redes sociales por supuestas infracciones a sus condiciones de uso, o incluso la desaparición de historias en plataformas como Instagram, aduciendo fallas a nivel mundial, aún cuando curiosamente, las historias desaparecidas tenían contenido relacionado al Paro Nacional en Colombia.
¿Cuál es el objetivo de la censura?
Es importante resaltar que la censura no se aplica de igual manera en todas las circunstancias y en todos los lugares, mas si tuviéramos que mencionar algunos de sus objetivos, podemos citar los siguientes:
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Dado que existen numerosas denuncias relacionadas con uso desmedido de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, delitos sexuales y demás violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas estatales, el objetivo de impedir que la información sea difundida, especialmente hacia el exterior, se vuelve imperante con el fin de evitar la judicialización y condena.
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Ante manifestaciones populares multitudinarias, se intenta impedir que las agrupaciones sociales y ciudadanos en general se organicen, por tanto urge reducir toda posibilidad de comunicación que pueda fortalecer a la resistencia, haciendo así menos efectiva la protesta.
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Impedir la fuga de información que visibilice los altos niveles de violencia y violaciones a derechos humanos no es únicamente algo que se haga hacia el exterior, sino que la censura de información sucede también al interior del territorio de la nación. Quienes no conozcan lo que está sucediendo en las diferentes localidades de su país probablemente no tendrán motivos para levantarse y sumarse a la protesta popular.
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Los bloqueos de información, apagones de internet o censura en redes sociales cumplen el firme objetivo de impedir que la ciudadanía acceda a herramientas o medidas que permitan superar o al menos mitigar de algún modo los efectos de la censura.
¿Qué nos dice la legislación internacional acerca del derecho a la protesta?
En el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió al derecho a la protesta como:
“[U]na forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación, a modo de ejemplos, pueden mencionarse la expresión de opiniones, visiones o perspectivas políticas, sociales o culturales; la vocalización de apoyo o crítica relativas a la denuncia de un problema público; la afirmación de la identidad o visibilización de la situación de discriminación y marginalización de un grupo.”
Dicha definición recoge en sí misma la relevancia de la protesta social dentro de los procesos democráticos de las naciones y, a su vez, las legislaciones locales de los distintos países del continente contemplan el legítimo derecho a manifestarse para sus ciudadanos; sin embargo, en muchas ocasiones este derecho puede ser limitado, por ejemplo, con el decreto de estados de excepción que limitan la libre movilidad de la ciudadanía.
Y es precisamente en este último caso cuando ciertas prácticas entran en una zona gris en la cual el Estado aprovecha la falta de normativa explícita y específica para censurar contenidos que considera controversiales y lesivos mediante distintos mecanismos. Se puede decir que la censura en internet puede suceder principalmente en las siguientes formas:
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A través de listas de bloqueo: En general, este tipo de bloqueos es una práctica integrada en los sistemas regulares de los proveedores de internet. En principio, los gobiernos se valen de este tipo de censura con fines positivos, como en el caso de la restricción de contenido considerado ilegal en el país; sin embargo, también puede ser utilizado con el fin de bloquear listas de sitios web o direcciones IP bajo pedido.
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Apagones de internet que consisten en la interrupción deliberada del servicio de internet en un área geográfica en particular. Puede darse mediante la exigencia de los gobiernos a los proveedores de internet o a través de intervención manual a la infraestructura física.
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Mediante interceptaciones de comunicaciones y tráfico de internet que, en lugar de buscar bloquear el flujo normal de la información, busca recopilar la mayor cantidad de datos acerca de los ciudadanos con diversos fines, como podrían ser el perfilamiento, criminalización y procesamiento de los individuos que ante la mirada de los gobiernos, resulten incómodos. Pese a que la mayoría del tráfico de internet en estos días se encuentra cifrado, los gobiernos podrían intentar forzar el retiro de dicha protección con el propósito de recopilar el contenido de la comunicación. Independientemente de esto, el gobierno recolectará los metadatos y así podrá determinar qué sitios web fueron accedidos y quiénes se comunicaron entre sí.
La importancia de recolectar evidencia
Una vez que hemos hablado de algunos de los objetivos de la censura estatal, vale la pena hacer lo propio en el caso de quienes recurren a medios digitales en momentos de gran conmoción social, como lo son las manifestaciones populares.
Cuando el Estado falla en su obligación de garantizar el derecho a la protesta social pacífica, es natural que se susciten excesos por parte de la fuerza pública en su afán de contener la movilización popular. Ya lo han vivido Haití, Ecuador, Chile, Brasil y ahora Colombia, entre otros a lo largo del último año con episodios de violencia extrema y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que, de no ser por el registro multimedia y difusión inmediata que nos permiten las tecnologías actuales, pasarían inadvertidos.
Cabe resaltar aquí que el caso colombiano genera gran preocupación por los niveles elevados de violencia con los que las fuerzas del orden han reprimido a los manifestantes en comparación con otros países de la región. Quienes luchan ven en el registro y difusión de las manifestaciones una forma de rebasar fronteras y contar al mundo lo que está sucediendo.
Asimismo, acciones de organización, apoyo y solidaridad se generan gracias a las redes. Pero quizás uno de los objetivos que cobra mayor relevancia en el ámbito de la protesta popular es el de recolectar evidencia que permita establecer responsabilidades cuando la vida de los manifestantes se ve vulnerada por los aparatos represivos del poder, tarea que normalmente debería ser realizada por entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo.
Frente a la inminente censura impuesta por los gobiernos, es importante considerar que no todas la recomendaciones que lleguen a nosotros deben ser aplicadas ciegamente, pues no todas las personas y lugares están sujetos a censuras de la misma naturaleza. Además, es preciso entender que la aplicación de diversas herramientas y mecanismos para evitar la censura pueden traer consigo riesgos, como el riesgo de identificación y ubicación, la interceptación del contenido que compartes para ser usado posteriormente en tu contra o que la gente con la que te comunicas también pueda ser identificada y perfilada.
Otro aspecto a ser tomado en cuenta es que las legislaciones de los diferentes países regulan de manera distinta el uso de ciertas tecnologías, como lo son el cifrado o las redes de anonimato, por tanto, si bien el uso de dichas tecnologías podría contribuir a superar la censura impuesta por el gobierno y proteger derechos fundamentales como lo son la privacidad y el anonimato, al mismo tiempo se estaría incurriendo en un delito por el solo hecho de utilizarlas. Además, existe evidencia de cómo los gobiernos muchas veces catalogan como ilegal el uso de ciertas tecnologías en dependencia del nivel de conmoción social y a partir de ahí deciden qué tipo de restricciones se imponen sobre la ciudadanía.
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Lee la declaración firmada por más de 90 organizaciones e individuos: "Organizaciones internacionales de sociedad civil exigen que el gobierno de Colombia detenga inmediatamente la represión a la protesta y garantice el ejercicio de derechos dentro y fuera de línea".