Hace pocos años, una ONG chilena que se gestó en los pasillos de una universidad logró lo que parecía imposible: despojar de tecnicismos al debate sobre la propiedad intelectual e involucrar a la ciudadanía en una reforma por una ley más justa. APCNoticias conversó con Alberto Cerda y Claudio Ruiz sobre la historia de Derechos Digitales (DD), la campaña que cambió las reglas del juego de la incidencia en Chile y sus estrategias frente a nuevos escenarios internacionales de regulación.
APCNoticias: DD empezó como un centro de investigación de la Universidad de Chile. ¿Cómo fue la transición hacia la sociedad civil?
Alberto Cerda: En efecto, los primeros integrantes de Derechos Digitales fueron en su mayoría académicos o estudiantes del Centro de Estudios en Derecho Informático de la universidad. Pero la estructura burocrática de la institución no nos permitía reaccionar políticamente a tiempo en el debate sobre la regulación de internet, y para poder movernos con más flexibilidad decidimos operar como ONG. Poco a poco se fue sumando gente de otras profesiones (sociólogos, periodistas, diseñadores) que veían en internet un espacio de trabajo y querían compartir su expertise profesional.
Claudio Ruiz: Esta diversidad fue cambiando paulatinamente las estrategias de influencia política: a los mecanismos más formales a los que estábamos acostumbrados le sumamos un componente de activismo, de política lisa y llana. También influyeron las redes que hemos ido tejiendo en la región, y ésta es una de las razones por las cuales hoy somos miembros de APC.
APCNoticias: ¿Cómo lograron hacer accesibles los aspectos jurídicos de la propiedad intelectual?
Alberto: Cuando se creó Derechos Digitales en 2003, Chile acababa de suscribir un tratado de libre comercio (TLC) con EEUU, y tanto la implementación de normas sobre la propiedad intelectual como el hecho de que la sociedad civil había sido excluida del proceso de negociación habían generado un descontento general. Esto provocó una consciencia sobre las consecuencias del TLC en el acceso a medicinas, en los establecimientos educacionales, en las pequeñas editoriales nacionales.
Claudio: En 2007, el gobierno de Michelle Bachelet propuso una reforma de la ley de propiedad intelectual que, implementando el TLC con Estados Unidos, también pretendía extender las excepciones a los derechos de autor que permitían el acceso al conocimiento y la cultura. Los augurios respecto del resultado final eran bien pesimistas, ya que el TLC, firmado unos años atrás, exigía justamente lo contrario.
La reforma fue un proceso que llevó más de tres años y Derechos Digitales se volvió un articulador de diferentes organizaciones sociales (de bibliotecarios, de universidades públicas y sus bibliotecas, y de editores independientes) que apoyaban la ley pero que carecían de la expertise jurídica necesaria para incidir en los mecanismos más formales. Se dio un match perfecto que legitimó el rol de Derechos Digitales ante los policy-makers.
APCNoticias: ¿Cómo lograron involucrar a la ciudadanía en la campaña por la ley?
Claudio: Cuando fuimos al congreso vimos que los diputados y senadores ignoraban la importancia de integrar una perspectiva de acceso en la reforma. Pensamos entonces una estrategia de dos vías: los mecanismos formales del congreso, por un lado, y el activismo, tanto en internet como en lo que llamamos “la mesa del domingo”: las conversaciones informales de los/as ciudadanos/as. Para lograr que los legisladores entendieran lo que buscábamos (derechos de autor más equilibrados, excepciones para bibliotecas y archivos, para usos no comerciales), buscamos una frase que resumiera la problemática y que reflejase nuestra posición: “No soy delincuente”. Queríamos que los legisladores vieran que sin una reforma sus hijos podían terminar en la cárcel. Ese fue el caballo de Troya que usamos para tratar los temas más importantes a nivel legislativo.
Tuvimos una segunda campaña llamada “Trato justo para todos”, que ofrecía información sobre la propiedad intelectual en Chile y la reforma. Muchos de los legisladores usaron nuestros argumentos y nuestros ejemplos en sus exposiciones el día que se aprobó la ley. Logramos penetrar esa barrera que al principio parecía infranqueable.
Alberto: Fue muy importante llevar el debate legislativo de una ley sumamente técnica a la mesa de conversación del domingo. Incluso llegó a los programas matinales de la televisión.
Claudio: Queríamos demostrar que la propiedad intelectual no eran un tema exclusivo de expertos, que afectan nuestra vida común. Con esto logramos permear la brutal influencia del lobby de la industria discográfica y de los grupos de defensa de los derechos de autor a nivel político, que finalmente incluso se vieron afectados en su imagen pública.
Alberto: Ellos manejaron mal el tema, tratándolo como algo complejo que la gente no iba a entender. Y la ciudadanía se sintió subestimada Así se abrió demasiado una discusión que se había dado entre cuatro paredes entre ciertos grupos de interés; pasó a ser una discusión pública y de relevancia social.
APCNoticias: Yendo al ámbito internacional, ¿cuál es su estrategia de incidencia en campañas como el TPP (Trans-Pacific Partnership)? ¿Y cuál es la importancia de redes internacionales como APC?
Alberto: Desde hace unos años se está produciendo un desplazamiento en los foros de discusión y decisión en torno a la regulación en propiedad intelectual, comercio electrónico y prestación de servicios: de los ámbitos multilaterales (como la OMPI y la OMC) los países desarrollados pasaron a avanzar sus agendas a foros más pequeños, donde es más difícil que los países en desarrollo formen bloques y defiendan sus posiciones. Tratados de mayor alcance como el TTP buscan consolidar esta estrategia de negociación internacional, incluyendo a un grupo selecto de países que están dispuestos a hacer concesiones con tal de garantizar acceso de sus productos en mercados de países desarrollados.
Este es un tema que no solo afecta a México, Perú y Chile (los países de Latinoamérica que forman parte del tratado). Si tiene éxito va a ser la plataforma de negociación con otros países; que tarde o temprano van a tener que aceptar los términos. Por eso es fundamental contar con redes de apoyo que nos permitan brindar mejor asistencia técnica a los países que no tienen expertos y que están negociando estos tratados sin saber exactamente qué está en juego.
Claudio: A nivel local, mostrándole a la gente cómo los afecta este tema tan complejo. A nivel internacional, con otras organizaciones de la región hemos montado una plataforma web (TTPabierto.net) que busca agrupar contenido crítico respecto del tratado en castellano.
Alberto: Hay muchos frentes, muchos foros donde se están discutiendo temas importantes para la ciudadanía, y no tenemos recursos ni capacidades para hacernos participar en todos. Esto debería alimentar la creación de redes para que las capacidades pudieran ser transferidas y así otras organizaciones de otras regiones puedan hacer oír las voces de la sociedad civil. Esto es lo que nos otorga APC: la posibilidad de compartir experiencia y know-how y al mismo tiempo aprender de visiones complementarias desde el punto de vista de la afectación de derechos en el entorno en línea.