Desde el último Plan estratégico de APC 2016-2019, son varios los desafíos y tendencias que siguen manteniendo su relevancia. Sin embargo, el contexto más amplio en que opera nuestra red ha cambiado de varias maneras que afectan el ejercicio de los derechos humanos y, sobre todo, la capacidad de las mujeres, las minorías marginadas y las comunidades vulnerables de hacerse oír y contribuir al desarrollo de un mundo justo y sustentable, además de aprovechar sus beneficios.
Los intereses de gobiernos y corporaciones conspiran de varias maneras. Los Estados han permitido a las empresas privadas ocupar roles públicos, lo que resulta en una expansión del poder corporativo. La internet actual “permite que las empresas proveedoras de redes sociales regulen los contenidos – y le da a los gobiernos lo que quieren para regular y vigilar”1, lo que resulta en un capitalismo de vigilancia.
En un número alarmante de países, gobiernos populistas y autoritarios ascendieron al poder utilizando herramientas digitales y con acuerdos tácitos – o, en ciertos casos, explícitos – con gigantes corporativos. Una vez que asumen el poder, los gobiernos populistas y autoritarios utilizan la tecnología para suprimir disensos, eliminar derechos humanos y boicotear el activismo de las mujeres, los grupos LGBTIQ y las comunidades marginadas. El espacio cívico se ha ido estrechando mientras, simultáneamente, actores estatales y no estatales utilizan la tecnología para atacar, amenazar y dañar a mujeres, minorías y migrantes.
Sobre este telón de fondo, se observa una agudización de las amenazas contra un mundo justo y sustentable, mientras crecen nuevos peligros emergentes como resultado de los avances tecnológicos.
Debido a la ausencia de políticas y reglamentaciones que impidan los abusos inherentes, aumentó desproporcionadamente la explotación de datos personales con fines privados y políticos. La vigilancia masiva y dirigida de los gobiernos, facilitada por la vigilancia corporativa y combinada con la conversión de la información personal de la gente en datos acabó por alterar radicalmente la manera en que se relacionan las personas con sus gobiernos, con las empresas, y con sus pares. Esto tiene que ver con la rápida expansión de tecnologías de videovigilancia tales como cámaras interoperativas de alta definición, software de reconocimiento facial, drones y el uso indiscriminado de sistemas de identificación biométrica. El uso de software malicioso (malware) por parte de los Estados sigue permitiendo el monitoreo de la comunicación electrónica de disidentes políticos, defensores/as de los derechos humanos, periodistas, activistas y gente común.
La inteligencia artificial se aplica a varios aspectos de la vida de la gente sin la debida diligencia por los derechos humanos, lo que conlleva un mayor riesgo de sufrir discriminación y ser objeto de prejuicios sin contar con recursos, lo que a su vez, atenta contra los derechos humanos y socava las instituciones democráticas. Las innovaciones tecnológicas también han generado una mayor capacidad de manipulación de las realidades digitales (por ejemplo, videos “deep fake” o falsos), lo que fomenta la desconfianza en las verdaderas fuentes de información.
Los ciberataques se han vuelto cada vez más sofisticados y perturbadores, y afectan a las empresas privadas, además de interferir con las operaciones de infraestructuras claves como hospitales, circuitos de energía, instituciones financieras y organismos de gobierno. El derecho a la privacidad ha sido blanco de muchas agresiones, lo que ha vuelto vulnerables a los/as usuarios/as de las tecnologías digitales, que se encuentran con escasos medios para defender sus derechos. Los Estados deben ponerse de acuerdo con suma urgencia en cuanto a las “reglas de la calle” para evitar una escalada de ciberataques, promover la seguridad y proteger los derechos humanos.
Si bien aumentó la riqueza global, las desigualdades en relación a esa riqueza persisten. 2 Un estudio del Banco Mundial reveló que en la mayoría de los países, tanto ricos como emergentes, se ha dado una enorme transferencia de riqueza pública hacia el ámbito privado desde la década de 1980. La combinación de desigualdades crecientes en los ingresos con la importante transferencia de dinero público hacia el ámbito privado han contribuido a generar un aumento radical de la desigualdad en la riqueza.3
La desigualdad limita las oportunidades de aumentar el bienestar y afecta la democracia, dado que los desequilibrios de poder favorecen a las élites a expensas de las necesidades de las personas comunes, sobre todo las mujeres y los grupos minoritarios. La digitalización del lugar de trabajo ha generado condiciones precarias para los/as trabajadores/as, y las políticas públicas carecen de respuestas adecuadas a esta situación. La actualización y aumento de las capacidades mediante acciones de formación para trabajadores/as quedó estancada. La innovación tecnológica tiende a debilitar la capacidad de negociación de los/as trabajadores/as.
El cambio climático ha alcanzado dimensiones críticas y constituye una amenaza para la sustentabilidad de la vida sobre la Tierra. La digitalización agrava el problema, ya que aumenta las emisiones de carbono y los desechos electrónicos, facilita la difusión de información equívoca y falsa a cargo de quienes niegan la realidad del cambio climático y promueve la confusión en las deliberaciones sobre asuntos que deberían basarse en pruebas y principios científicos. Resulta cada vez más evidente la escasa probabilidad de que los gobiernos y las instituciones internacionales actúen de manera decisiva y a tiempo para evitar una catástrofe climática.
La exclusión digital persiste a pesar de la alardeada promesa de conectar a los próximos mil millones, lo que sigue siendo un obstáculo para las comunidades pobres y, en particular, para quienes viven en áreas rurales. Por otro lado, se registra una ralentización de las voces y los/as usuarios/as de internet, tanto en el número de suscriptores de servicios móviles como en la penetración de internet. Las estrategias utilizadas durante varias décadas simplemente no cubren las necesidades de los miles de millones de personas de países en desarrollo que aún sufren exclusión digital. Al no contar con un buen acceso, las personas quedan fuera del ámbito de los beneficios sociales y económicos de la sociedad y la ecnomía digital, y no tienen la posibilidad de obtener beneficios económicos a través de las tecnologías digitales, de luchar por sí mismas, o de defender sus derechos.
Estos rasgos claves del panorama emergente condicionan la capacidad de APC y sus socios para movilizar gente y recursos para generar una respuesta eficaz ante estos formidables desafíos.