El 26 de noviembre de 2013, el Comité social, humanitario y cultural de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución sobre “privacidad en la era digital”. Se trata de un gran avance para los y las activistas de derechos humanos del mundo entero, ya que se es la primera resolución de este tipo, centrada en el derecho a la privacidad
Luego de las últimas revelaciones de Snowden y la tendencia actual de varios estados que están incrementando la vigilancia de las comunicaciones electrónicas, esta resolución ayuda a los y las activistas por los derechos humanos a llevar adelante sus campañas a favor de mejores políticas y legislaciones tanto a nivel nacional, como regional e internacional. Por ejemplo, la resolución subraya que “la vigilancia ilegal o arbitraria, y la interceptación de las comunicaciones, así como la recolección ilegal o arbitraria de datos personales, son actos altamente invasivos que violan el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, y pueden contradecir los principios de una sociedad democrática”.
Otro aspecto positivo es que la resolución reconoce el informe que hizo en 2012 Frank La Rue, relator especial de la ONU para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y también sobre las consecuencias de la vigilancia estatal en el derecho humano a la libertad de expresión y asociación.
Además, la resolución abre un espacio para el debate sobre los derechos humanos en línea al pedirle al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que presente un informe sobre privacidad y vigilancia de la comunicación digital ante el Consejo de Derechos Humanos, así como ante la Asamblea General en 2014, donde se realizará una sesión especial para examinar el informe y las recomendaciones.
Esta resolución se basó en un borrador propuesto por Brasil y Alemania a principios de noviembre. Luego de negociar con otros países y, en particular, a raíz de la presión supuestamente ejercida por la delegación de Estados Unidos, la resolución presentó un discurso más suave que, entre otras cosas, le quita énfasis al vínculo entre la privacidad y la libertad de expresión. A pesar de estos problemas, ya ha sido utilizada por grupos de activistas en el plano nacional. Poco después de su aprobación, por ejemplo, los y las activistas de Ecuador aprovecharon la resolución para presionar por la eliminación del contenido del nuevo código penal, que infringe el derecho a la privacidad y legaliza la vigilancia de la comunicación masiva a nivel nacional.
APC celebra esta resolución por tratarse de una herramienta política muy útil para los grupos defensores de los derechos humanos. Joy Liddicoat, de APC, declaró: “Celebramos la oportunidad de plantear problemas de derechos en internet ante el Consejo y la Asamblea General, y haremos mucha campaña para lograr que todos los derechos y libertades se respeten y protejan completamente, tanto en la vida material como en línea”. APC seguirá uniendo fuerzas con la sociedad civil para lograr el reconocimiento, la garantía y la protección de los derechos humanos en internet.