El Pacto Digital Mundial (GDC, por su sigla en inglés), un nuevo marco multilateral para la cooperación digital a nivel global en aras de "un futuro digital inclusivo, abierto, sostenible, justo y seguro para todas las personas", ha sido recibido con cautela por buena parte de la sociedad civil. El Pacto, adoptado en septiembre de 2024, pese a incorporar muchos aspectos positivos en el texto final, incluye también descuidos, omisiones y problemas de formulación que consideramos esenciales para un futuro digital justo.
Para analizar este recelo, vale la pena revisar lo que queríamos que surgiese de este proceso hace un año y detectar dónde surgieron las lagunas. Esto es crucial, ya que las fases de implementación que se aproximan son tan fundamentales como el proceso de negociación previo. Habrá nuevas oportunidades para que la sociedad civil incida en los resultados del GDC y tal vez ayudar a que su impacto se acerque a algunos de los objetivos que habíamos previsto.
Lo que deseábamos
Como nuevo marco para la configuración de nuestro futuro digital, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y sus socios/as deseaban que el Pacto abordara seis áreas clave:
Inclusión digital: Pedimos una mayor participación de las comunidades en la elaboración de políticas; marcos regulatorios que permitan diversificar los proveedores de conectividad en el ecosistema de acceso, al igual que los diversos tipos de redes de conectividad centrada en la comunidad. También mecanismos de financiación que catalicen soluciones de conectividad significativas a nivel de la comunidad como algo esencial para abordar la desigualdad digital.
Derechos humanos en línea: Pedimos que se reforzara el uso de la normativa de derechos humanos en todas las operaciones en internet. Insistimos en que internet debe ser gobernada y regulada según los fundamentos jurídicos de la normativa de derechos humanos y adherirse a los principios de necesidad y proporcionalidad. La responsabilidad y transparencia de los Estados y las empresas eran y siguen siendo importantes para nosotros/as. Entre los puntos clave que indicamos estaba la necesidad de abordar las desigualdades estructurales y fortalecer la democracia abarcando una amplia gama de derechos humanos, asumiendo que un futuro digital orientado al desarrollo sólo será posible cuando los entornos en línea y fuera de línea respeten estos derechos.
Protección de datos: Nuestra principal preocupación sobre este punto era la recolección generalizada de datos personales por parte de las grandes empresas de tecnología y la vigilancia estatal intrusiva. También nos preocupaba el aspecto de género de esta recopilación de datos. Expresamos la necesidad de contar con regímenes más fuertes de protección de datos, así como herramientas y permisos más poderosos para el anonimato y el cifrado de datos en las plataformas. También sostuvimos la importancia que tienen para APC los enfoques feministas e interseccionales de la protección de datos y la privacidad, al igual que el hecho de permitir que las comunidades indígenas administren sus datos. También nos parecía importante aportar una perspectiva de igualdad económica y social a la gobernanza de datos.
Circulación de contenidos nocivos y engañosos: Pedimos que se establecieran mejores mecanismos de rendición de cuentas tanto para las empresas tecnológicas como para los Estados, con el objetivo de hacer frente a la discriminación en línea y a la circulación de discursos de odio y desinformación. Tal como sucede con la desinformación sexista, los contenidos nocivos y engañosos suelen ser similares. La forma de resolver los problemas, cuando los hay, varía de una plataforma a otra, y las normas suelen aplicarse de manera diferente en los diversos contextos y según a quién impliquen. La ausencia de normas coherentes para todo el sector y la escasa o mala aplicación de las existentes no es nada nuevo. Buscamos que los sistemas de moderación de contenidos estuvieran más alineados a la normativa de derechos humanos. En cuanto a los Estados, nos preocupaba que en muchos casos tuvieran un historial aún peor a la hora de comunicar información fidedigna, y también al momento de proteger, promover y respetar la libertad de expresión y garantizar un entorno en línea abierto, diverso y plural.
Una sociedad digital con justicia de género: En nuestra presentación conjunta al GDC y en nuestras diversas intervenciones a lo largo del proceso de creación del Pacto, insistimos en que se reconozca el impacto diferenciado que tienen internet y las tecnologías digitales en las mujeres, las niñas y las personas de género y sexualidades diversas. Sostuvimos que al objetivo del Pacto de lograr “un futuro digital inclusivo, abierto, sostenible, justo, seguro y confiable para todos y todas”, hay que infundirle una perspectiva feminista interseccional para que la transformación digital de nuestras economías y sociedades, ya en curso, pueda dar paso a un mundo con justicia de género donde todas las personas se puedan afirmar y hacer su camino de autorrealización. Esto significaba reconocer la discriminación sistémica de género y las injusticias también sistémicas y estructurales de la sociedad digital, sostenidas de múltiples maneras por las operaciones de las grandes empresas de tecnología. Las áreas que generaban mayor preocupación eran el acceso digital; la inclusión de feministas y personas de diversos géneros y sexualidades en la gobernanza y otros procesos; la autodeterminación; la libertad de expresión y el anonimato; la explotación y la violencia de género facilitadas por la tecnología; la seguridad digital; la privacidad; y la transparencia y rendición de cuentas de los algoritmos y los nuevos sistemas de inteligencia artificial. Basamos nuestras actividades de incidencia en los Principios feministas para internet.
Justicia para la Tierra y desarrollo sostenible: En una segunda propuesta conjunta, solicitamos que se pusiera en primer plano el principio de precaución en los procesos de digitalización. Para APC era importante que los principios de la economía circular rigiesen el diseño, la producción y el uso de las tecnologías digitales. También queríamos que las empresas privadas dieran prioridad a la transparencia y a un acceso significativo a la información relativa al impacto socioambiental de sus operaciones y del desarrollo tecnológico previsto. Era importante que tanto los gobiernos como el sector privado se comprometieran a apoyar la gestión ambiental en las comunidades y las iniciativas de conectividad comunitaria que respetaran los límites planetarios y los derechos de la naturaleza.
Lagunas
Muchas de estas preocupaciones no se abordaron adecuadamente en el texto final del CDG. Hay lagunas significativas en muchas de las áreas que constituían las «peticiones» clave del trabajo de incidencia esbozado anteriormente y surgieron nuevas áreas que requieren atención durante nuestro proceso de participación en el Pacto, así como en el trabajo con nuestros socios y aliados de la sociedad civil. Los puntos más débiles se encuentran en cinco áreas que habíamos identificado junto con otras organizaciones antes de la adopción del texto final:
Derechos humanos: A pesar de haber destacado de diversas formas la importancia de la legislación internacional sobre derechos humanos en internet, las obligaciones de los Estados en relación a dicha legislación no son lo suficientemente sólidas ni se incorporan de forma coherente en todo el texto. Por ejemplo, se hacen referencias suaves al «derecho internacional», en lugar de una mención contundente a la «legislación internacional de derechos humanos». El texto tampoco reconoce que los Estados deben abstenerse de recurrir a la vigilancia masiva y garantizar que las tecnologías de vigilancia selectiva sólo se utilicen de acuerdo con los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad. El desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial es algo que nos preocupa. Hay una incoherencia en el texto en cuanto a la aplicación de las obligaciones en materia de derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de vida de tecnologías como la inteligencia artificial, incluyendo su concepción y diseño, que establece el marco para su aplicación concreta, y la forma en que pueden utilizarse. En concreto, no vemos que se establezcan restricciones en cuanto al uso por parte de los Estados y las empresas tecnológicas de tecnologías digitales emergentes que sean fundamentalmente incompatibles con los derechos humanos internacionales o que plantean riesgos indebidos en cuanto al goce de los derechos humanos.
También hemos expresado nuestra preocupación por el apoyo inadecuado que se le brinda a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). Si bien no habíamos planteado específicamente la función de la OACDH en nuestras presentaciones iniciales, hemos observado junto con nuestros socios/as y aliados/as de la sociedad civil que el Pacto debilita efectivamente la labor del comisionado, cuyo trabajo depende de un mecanismo de financiación voluntaria “a demanda”. La OACDH ha realizado un extenso e importante trabajo sobre tecnología, empresas y derechos humanos y creemos que se trata de un mecanismo vital para que Estados y empresas rindan cuentas dentro del marco de derechos humanos.
Gobernanza de internet inclusiva: En nuestras intervenciones, hemos subrayado de múltiples maneras que una sociedad digital justa depende de la existencia de procesos de gobernanza de internet inclusivos. Desde nuestro punto de vista, el enfoque multisectorial, que es un elemento fundacional para una gobernanza eficaz de internet, es uno de los puntos críticos en el proceso de GDC. Sin embargo, la sociedad civil, la academia, el sector privado, la comunidad técnica y las comunidades de base afectadas (tanto las que han quedado marginadas, como las beneficiarias de este tipo de procesos) no están incluidas de manera significativa en las consultas relativas al diseño o el funcionamiento de los nuevos organismos y mecanismos propuestos. Tampoco lo están en el seguimiento ni en la implementación del Pacto, todo lo cual resulta problemático (ver párrafos 55, 56, 62 y 72). Nos sigue preocupando que el GDC permita la centralización y la nacionalización de la gobernanza de internet a través de las estructuras estatales existentes, lo que conlleva el riesgo inherente de privilegiar al sector privado, sin hacer un llamamiento explícito a otros actores estatales, en particular a la sociedad civil y la comunidad técnica. Con esa finalidad, hemos realizado un llamamiento a que antes de proponer nuevos organismos y mecanismos se realicen las consultas multisectoriales relevantes y que el diseño y funcionamiento de cada nuevo organismo y mecanismo se enmarquen en el concepto de multisectorialidad. Esto debería aplicarse también al desarrollo de iniciativas de financiación y de infraestructura digital pública, que suelen promover la adopción de tecnologías que apuntan a multiplicar la recolección de datos.
En este contexto, planteamos dos cuestiones. Primero, creemos que el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMDS), incluso el Foro de Gobernanza de Internet (FGI), requiere un mayor reconocimiento y apoyo en el texto final. En segundo lugar, la centralización de la gobernanza digital y de internet en Nueva York es algo problemático porque limita la participación de la sociedad civil y de las comunidades remotas y marginadas del mundo ya que plantea desafíos administrativos y de recursos, por ejemplo, restricciones para obtener visados. Hace 20 años que nuestro futuro digital se debate en instituciones de ONU y foros multisectoriales que han permitido que un amplio abanico de Estados, actores de la sociedad civil y otras partes interesadas sean participantes activas. Trasladar el debate a Nueva York y centralizarlo en la oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología generará un cambio radical en esta dinámica, empeorando el desarrollo y los resultados basados en los derechos de cualquier proceso y mecanismo que se desarrolle.
Privacidad, anonimato y cifrado de extremo a extremo: Como hemos señalado en nuestras presentaciones, hay que reforzar drásticamente los protocolos de privacidad, junto con la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones digitales. Sin embargo, en el texto apenas se reconoce la necesidad de que los Estados promuevan la seguridad del entorno digital de esta manera.
Integración de la perspectiva de género: Como suele ocurrir con este tipo de documentos, el género no está suficientemente integrado en el texto y aparece como un principio independiente. Aunque estamos de acuerdo en la necesidad de un principio independiente, dado que la discriminación de género es un problema sistémico, los derechos de género también deben incorporarse en todos los aspectos del desarrollo de políticas y programas. De hecho, lo que resultaba evidente era lo contrario. En concreto, observamos que se habían eliminado algunas referencias esenciales a la igualdad de género. Por ejemplo, se eliminó la única referencia a la «igualdad de género» en el objetivo sobre inteligencia artificial (párrafo 56), así como la referencia a la prevención de la violencia de género facilitada por la tecnología.
Abordar el impacto ambiental de las tecnologías: Otro gran desafío es que el Pacto adopte un enfoque tecnológico en cuanto a la solución de asuntos como la crisis climática y ambiental. El texto considera la tecnología principalmente como una herramienta para enfrentar el cambio climático. Aunque esto es fundamental, no tiene suficientemente en cuenta el impacto negativo que tienen el desarrollo y la utilización de tecnología en el medio ambiente, o en los derechos humanos de las comunidades afectadas por la producción y eliminación de tecnologías en el contexto del uso generalizado de estas tecnologías a nivel mundial.
Y ahora, ¿hacia dónde? Implementación
Algunas de las carencias del GDC se pueden subsanar en el proceso de implementación. En este sentido, la sociedad civil debe estar vigilante en los próximos años para garantizar que se adopte un enfoque adecuado a la hora de establecer mecanismos, organismos y procesos a fin de alcanzar la meta de un “futuro digital inclusivo, abierto, sostenible, justo y seguro para todas las personas”.
Desde nuestra perspectiva, hay cuatro áreas transversales que merecen atención:
- Es necesario renovar y reforzar la cooperación a todos los niveles entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidad técnica, volviéndola más eficaz. La implementación debería garantizar también una mejor coordinación entre Naciones Unidas y otros procesos y espacios digitales a nivel mundial que se han ido multiplicando y, por momentos, se duplicaron e incluso se volvieron contradictorios. El Pacto no puede remediar esta fragmentación. Es aquí donde vemos que la sociedad civil puede tener un rol fundamental, identificando vínculos, conocimiento y brechas de proceso entre GDC y otros procesos tales como CMSI+20, FGI y Beijing+30. Existen muchos otros, como el cada vez más complejo universo de la ciberseguridad, donde APC ha estado luchando por un enfoque integral de género para la configuración y el diseño de las normas, así como lo que probablemente se convierta en una proliferación de espacios donde se abordará la inteligencia artificial en el futuro, aparte del multidisciplinario Panel Científico Internacional Independiente propuesto por el Pacto. Como ya lo hemos señalado, las negociaciones comerciales, los foros de consumidores/as y otras áreas como la seguridad alimentaria, los derechos laborales, las leyes de propiedad intelectual y la justicia climática también son importantes. La inversión de las grandes compañías de tecnología en energía nuclear para impulsar sus centros de datos, o las inversiones de Google en AgTech muestran la importancia de este activismo transversal. Lo que sucede en esos foros, ámbitos y sectores en relación a los derechos digitales influirá en el impacto del GDC.
- Es necesario reafirmar los derechos humanos en su interacción con el desarrollo como piedra angular de la política digital, situando a las personas en el centro. Para nosotros/as, es clave que la aplicación del Pacto esté basada en las herramientas y los mecanismos de derechos humanos existentes y sirva para reforzarlos a través de normas digitales. La resistencia de algunos Estados y empresas significa que probablemente serán necesarias estrategias colectivas de la sociedad civil, así como en otros ámbitos mencionados aquí.
- Hay que garantizar que los beneficios de las tecnologías digitales se distribuyan de forma equitativa. Es necesario prestar especial atención a la inclusión de los grupos y comunidades marginados, excluidos y discriminados en mecanismos, organismos y procesos. Esto supondrá un trabajo duro y constante, e implicará programas de tutoría, acompañamiento, apoyo y desarrollo de capacidades que ayuden a estos grupos y comunidades a participar de manera eficaz en esos procesos. Puede ser que se necesiten mecanismos a cargo de la sociedad civil que permitan la consulta regional e interregional, y también habrá que reforzar las intervenciones de capacitación tales como la Escuela africana de gobernanza de internet (AfriSIG) de APC. Además, es fundamental conectar el CDG con debates sobre género como Beijing+30.
- Debemos vigilar de cerca la naturaleza exacta de los mecanismos de financiación que surjan del GDC, no sólo para financiar «la conexión a internet de los 2.600 millones de personas restantes», sino para todos los demás aspectos importantes de dicho Pacto. Existe el riesgo de que el modelo preferido de financiación mixta e incentivos esté cada vez más dominado por el sector privado y que los gobiernos del Sur global no contribuyan a este fondo común de financiación. Esto podría llevar a que el sector privado dictase las condiciones de participación y el tipo de programas, proyectos e intervenciones que surjan de GDC. Incluso puede reforzar su posición como beneficiarios de los incentivos. Esto es especialmente preocupante en el contexto de la conectividad universal, teniendo en cuenta el fracaso del modelo de conectividad en el cual el mercado tiene la prioridad y tantas personas han quedado atrás.
- La implementación de GDC debe tener en cuenta el papel de las empresas como partes interesadas fundamentales, pero no debe descuidar el hecho de que su responsabilidad por los daños causados aún está muy poco desarrollada en términos de regulación y políticas. Esto remite nuevamente a lo que ya señalamos sobre la financiación de OHCHR, pero también al escaso compromiso de los Estados en cuanto a regular a las grandes corporaciones tecnológicas dentro de un marco de derechos humanos. Es necesario enfrentar y cuestionar esta reticencia constantemente a través de todos los mecanismos, organismos y proceso de GDC que pongan en marcha el marco.
En qué punto estamos
En general, los gobiernos están mostrando su incapacidad para preparse para el futuro al 1) no darle la suficiente importancia a la desigualdad estructural digital y la justicia de género, y 2) no colocar el cambio climático y la sostenibilidad en el centro de las deliberaciones. Los países del Sur global no han mostrado tener la capacidad suficiente, y tal vez, ni siquiera la voluntad política, como para formar una fuerte alianza con el fin de aliviar la desigualdad digital y abordar las brechas estructurales. Muestra de ello son sus respuestas ante las redes de conectividad comunitaria durante el G77. Los gobiernos del Sur global tampoco ejercieron presión para que el Pacto adoptara un discurso fuerte en relación a la exclusión digital.
El GDC debe dar respuesta a la complejidad de los desafíos regulatorios que han invadido el paisaje digital como una plaga. Esta complejidad es interseccional y tiene matices, y es transversal a todos los ámbitos y sectores. Los entes reguladores del Sur global deben reconocer esta complejidad, al igual que las especificidades de cada país, y esforzarse para armonizar las infraestructuras legales y otras a nivel regional con el fin de brindar un mejor acceso a la economía digital. Las áreas claves que requieren atención son: la constante ausencia de un acceso y una conectividad significativas que, como se demuestra en nuestro trabajo con redes comunitarias, requiere una respuesta hábil, contextualizada y arraigada; el alarmante aumento de la violencia sexual y por motivos de género facilitada por la tecnología, que se produce de diferentes maneras en distintas comunidades de todo el mundo; y el riesgo de prejuicios y discriminación relacionados con la inteligencia artificial. Responder a estos problemas en distintos países puede dar lugar a enfoques similares y, por supuesto, se puede aprender mucho de las distintas experiencias. Pero es poco probable que un enfoque regulador de tipo «copiar y pegar» funcione en todos los casos en los que sea necesario un cambio normativo.
Al mismo tiempo, el panorama es más amplio. El mundo se enfrenta a una emergencia climática y ambiental sin precedentes y es fundamental comprender la amenaza que suponen las tecnologías digitales para la sostenibilidad ambiental y, a la vez, el papel constructivo que pueden desempeñar para encarar la crisis. Resulta importante ver de qué manera hacer que tenga un papel constructivo y se adhiera a los marcos de los derechos humanos y el desarrollo. Asuntos tales como la privacidad, los derechos de género y la administración de los datos pasarán a un primer plano, al igual que la necesidad de abordar los obstáculos estructurales. La implementación del Pacto será inevitablemente permeable al éxito o el fracaso en cuanto a la atenuación de la crisis y, simultáneamente, le prestará especial atención a los derechos de las comunidades más afectadas por los inevitables cambios y trastornos sociales que se experimentarán.
La Oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología abrió una convocatoria de apoyo al GDC. Es necesario considerar y establecer una distinción entre validar el proceso (de redacción y negociación del Pacto) y participar activamente en su aplicación, reconociendo que la participación multisectorial aún tiene que avanzar mucho más y debe tener sentido, empoderar a la sociedad civil, ser inclusiva y basarse en la cooperación y las alianzas, además de admitir que existen intereses políticos y corporativos que pueden entorpecer la aplicación del Pacto en muchos asuntos. Hay que reconocer a la sociedad civil como un actor legítimo y con un rol fundamental: el análisis crítico, con el fin de lograr que la aplicación del Pacto tenga sentido para las comunidades y los grupos históricamente marginados/as y excluidos/as, y obligar a los actores poderosos a rendir cuentas.