El acceso a internet está sujeto a cada vez más restricciones en el mundo, y esto incluye varios países africanos, tal como informamos hace unos meses en “It’s like being cut off from the world.” Esto ocurre de manera particular en el caso de Uganda, donde tiene su sede el miembro más reciente de la red de APC, Unwanted Witness. Hablamos con Dorothy Mukasa, directora ejecutiva de la organización, sobre los cuestionables cierres de sitios de internet y otras violaciones de derechos humanos en línea en un país con altos niveles de corrupción, desempleo y pobreza.
Unwanted Witness (testigo no deseado, en español) fue fundada en 2012 por un grupo de blogueros/as, activistas, escritores/as y defensores/as de derechos humanos para responder a las necesidades de comunicación efectiva mediante el uso de diversas plataformas de expresión en línea. Una de las acciones más recientes del grupo consistió en presentar una demanda judicial reclamando que el gobierno, las empresas proveedoras de servicios de internet y los organismos reguladores expliquen los cierres más recientes de internet en el país. “Es una parte importante de nuestro trabajo, pues los cierres de internet violan los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información y afectan a toda la población, y también al comercio,” señaló Mukasa. “Es importante que las personas sean conscientes de las implicaciones económicas, además de las violaciones de la constitución y de derechos.”
Participación pública en la políticas de internet
Una nave insignia del trabajo de Unwanted Witness es Cyber Policy, una plataforma de participación civil interactiva e informativa que ofrece oportunidades para el compromiso y el debate público sobre decisiones que afectan a usuarios/as de internet y a comunidades de Uganda. Esta iniciativa guarda relación directa con el lema de la organización: “Amplificar voces y cambiar vidas.”
“Amplificar las voces de personas que no poseen ni medios ni recursos es una de las claves de nuestra tarea”, afirma Mukasa. “Desde 2015 hemos brindado apoyo a más de 200 periodistas rurales independientes en Uganda mediante habilidades y herramientas técnicas para que puedan construir una fraternidad de medios independientes en el interior del país. Alentamos a que se organicen en redes regionales, les proveemos conexiones de internet y conocimientos de seguridad digital y administración de sitios web”, nos explica. “Algunas de estas redes están ahora inscritas como organizaciones comunitarias y utilizan las herramientas y conocimientos que han adquirido para exigir transparencia e impulsar los derechos humanos en sus comunidades”.
En el nivel político, Unwanted Witness inició e influyó activamente el proceso de la actual Ley de privacidad y protección de datos, aprobada este año 2019. Esto implicó crear alianzas con personas y grupos de diferentes sectores, analizar el proyecto, realizar presentaciones ante el parlamento y convocar a eventos públicos.
“Creemos que Uganda necesita una perspectiva de derechos humanos en la regulación de las plataformas en línea. Tener una ley de protección de datos sería un paso importante en el reconocimiento el derecho a la privacidad de la ciudadanía, que durante décadas ha sufrido violaciones a través de tecnologías de vigilancia intrusivas”. señala Mukasa. “Exigimos un proceso legislativo inclusivo que sitúe los derechos humanos en el centro”.
Defensa de los derechos de usuarias y usuarios de internet
Además de promover prácticas y políticas basadas en derechos, la organización también defiende a usuarios/as de internet en tribunales y destacamentos de policía. “Manifestarse en solidaridad con usuarios/as arrestados/as les ha transmitido confianza y resistencia”, observa Mukasa.
El trabajo también involucra el nivel judicial, que “en Uganda es uno de los brazos del gobierno. Interpreta todas las leyes represivas, decide en los casos relacionados con internet y también utiliza tecnología en el proceso. Salvo que las personas de este sector valoren la relación entre tecnología y derechos humanos, la violaciones continuarán”.
Cuando le preguntamos por los aspectos más desafiantes de su trabajo, la repuesta apunta a los límites en torno a las estructuras de poder del país. “Los temas relacionados con el ejército y la primera familia se consideran sensibles. Sin embargo son funcionarios/as públicos/as, la esposa del presidente es ministra y su hijo mayor es general del ejército, por lo que también deberían rendir cuentas”, afirma.
“A medida que nos oponemos a la vigilancia, descubrimos que hay un fondo público disfrazado de asignaciones parlamentarias que en realidad se destina a comprar equipamiento de vigilancia, que suele estar manejado por fuerzas de seguridad y se usa para violar derechos humanos. Por tanto la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas es siempre un desafío y un riesgo, tanto para la organización como para el personal”, agregó Mukasa.
Para saber más sobre el trabajo de Unwanted Witness, visita su sitio web y síguela en Twitter.