Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, señaló que “muchos estados han aprobado leyes que imponen responsabilidad a los intermediarios por no filtrar, eliminar o bloquear contenidos generados por usuarios que se consideren ilegales”. Esta afirmación de La Rue responde a la creciente tendencia a hacer responsables ante la ley a los intermediarios de internet por la vigilancia de la red. Las áreas que se les exige o solicita “vigilar” abarcan desde el control de contenidos a la conducta de usuarios/as. En algunos países esta tendencia es evidente en los cambios de los marcos legales y regulatorios.
En otros, incluidos muchos países africanos, los marcos legales y regulatorios referidos a la responsabilidad de los intermediarios están ausentes o son poco claros; y en muchos casos los intermediarios de internet ejercen la vigilancia a pedido expreso de los gobiernos u otros grupos de interés poderosos. En algunos casos, son los mismos grandes intermediarios los que tienen interés en controlar los flujos de contenidos y aplicaciones.
Aparte de Sudáfrica, la situación de la responsabilidad de los intermediarios en África subsahariana no es muy clara, aunque hay una gran cantidad de evidencia anecdótica de gobiernos que piden a los proveedores de servicios eliminar contenidos o bloquear servicios tales como los SMS.
El rápido crecimiento del acceso y uso de internet en África, especialmente a través de internet móvil, hace imprescindible que la sociedad civil y las empresas de internet comprometidas con el libre flujo de información y la libertad de expresión comprendan mejor cómo funciona (o no funciona) la responsabilidad de los intermediarios. Los proveedores de servicios de internet (PSI) móvil pertenecen y son operados por empresas de telecomunicaciones que no tienen la tradición de independencia común entre los PSI, muchas veces ferozmente defendida por las asociaciones de PSI en diversos lugares.
Este proyecto llevará a cabo estudios de referencia en cinco países: Kenia y Uganda en África oriental, Sudáfrica en África meridional y Nigeria y Senegal en África occidental. Su objetivo será establecer si la responsabilidad de los intermediarios cambió durante los últimos dos años en el contexto del auge de internet móvil y, de ser así, qué factores contribuyeron a estos cambios.