A partir de la nueva Constitución de 2008, el manejo del espectro radioeléctrico en Ecuador experimentó varios cambios que abrieron importantes oportunidades para la democratización del mismo. Por una parte, se establecieron varios derechos de comunicación y en particular el derecho de acceso universal al espectro. Por otra parte, la Constitución consagra un modelo económico solidario, con una fuerte intervención del estado como agente impulsor de la economía. Estos cambios constitucionales han determinado un nuevo esquema institucional para el manejo del espectro, basado en tres pilares: una entidad que dicta políticas, una agencia estatal de regulación y otra instancia de control.